El número dos de JxCat y excandidato a la investidura, Jordi Sànchez, ya tiene garantizados sus derechos políticos. Así lo considera el Gobierno español, que defiende que, por lo tanto, ya cumple la resolución de la ONU que lo instaba a adoptar medidas cautelares. En una respuesta por escrito al portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, el ejecutivo argumenta que el juez Pablo Llarena le permite la delegación de voto al Parlament.
"Debe recordarse que Sànchez, en situación de prisión preventiva, ha podido presentarse a las elecciones autonómicas, ha obtenido un escaño como diputado, cuya condición ha adquirido, y el juez de instrucción le ha autorizado para emitir su voto a través de otra persona en los plenos", justifica el Gobierno español en su respuesta a Campuzano.
En este sentido, el Estado concluye que sus derechos políticos, "con las limitaciones inherentes" a la prisión preventiva, "están siendo garantizados". Y añade: "El Gobierno [español] cumple en todo momento con el artículo 25 del Convenio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como con el resto del Convenio".
Finalmente, el ejecutivo de Rajoy quiere recordar que "España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos", y como muestra utiliza su elección como miembro del Consejo de Derecho Humanos de la ONU el pasado octubre.