La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, se ha limitado este martes a tildar de “ficción” las acusaciones de financiación ilegal del PSOE por parte de Víctor de Aldama, el empresario conocido como nexo corruptor del caso Koldo. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, ha asegurado que el ejecutivo no está “preocupado” por el avance de la investigación por parte del juez del Tribunal Supremo que instruye la causa. “Siempre encontrarán por parte del PSOE colaboración y transparencia”, ha manifestado la también ministra de Educación al día siguiente de que el magistrado Leopoldo Puente decidiera citar para el 29 de octubre como testigos al exgerente del partido y a una secretaria del partido. La intención es que den explicaciones sobre el uso de dinero en efectivo en Ferraz, después de que a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no le cuadren los números del PSOE tras analizar las conversaciones de WhatsApp entre los integrantes de la trama y la información que el partido entregó al tribunal.

Este lunes por la noche, el empresario Víctor de Aldama ofreció una entrevista en Telemadrid en la que aseguró —a pesar de admitir que no tiene ninguna prueba— que Pedro Sánchez era conocedor de una trama de financiación ilegal por parte del PSOE. El presidente del Gobierno debería, a su parecer, acabar “encarcelado en Soto del Real” junto con Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos. Explicó el supuesto funcionamiento de una parte del sistema para blanquear dinero: los miembros de la trama cobraban dinero en efectivo, una parte se la quedaban en su bolsillo, la otra la entregaban en la sede de Ferraz y después entregaban tiques al partido para justificar pagos en efectivo.

Explicó que ya ha presentado al Supremo un escrito en el que asegura que pagó 20.000 euros en efectivo a José Luis Ábalos, un dinero que habría ayudado al exministro en la compra de un local en València, justo debajo de su casa. Concretamente, el empresario detalló que el local de 174 metros cuadrados costaba en un primer momento 90.000 euros, pero el precio de compra acabó ascendiendo a 110.000 euros; y esta diferencia fue, según su relato, abonada por él mismo en metálico. "Este dinero es una parte de los cuatro millones de euros" que Aldama ha entregado a la trama en comisiones por obras y contratos durante la pandemia del coronavirus, aseveró.

Decreto de 500 millones de euros para garantizar la atención a los enfermos de ELA

En la reunión de este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un decreto con una partida de 500 millones de euros adicionales para el Sistema de Dependencia para garantizar la atención 24 horas a los enfermos de ELA. Concretamente, crea el Grado III+ del sistema, que permite una atención constante también para otras personas que sufren enfermedades complejas. El Gobierno estaba obligado a dar este paso en el plazo de un año, después de la aprobación de la Ley ELA por unanimidad en el Congreso en octubre de 2024.

La ley establece un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad de las personas con ELA. El plazo máximo del que dispone la administración es de tres meses. Define un procedimiento específico para la calificación de este grado de dependencia y del derecho a prestaciones del sistema. Para poder acogerse a la norma, los pacientes deben tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También establece que las personas que interrumpan su actividad laboral para ejercer como cuidadores de personas en situación de dependencia podrán mantener la base de cotización del último ejercicio.

La diputada de Junts per Catalunya en el Congreso Pilar Calvo ha reaccionado a la aprobación de este decreto y ha criticado al ejecutivo de Pedro Sánchez por haber tardado un año en dar este paso. La medida llega “un año tarde y mil muertos de ELA después” porque “se podía haber hecho lo mismo en octubre de 2024, cuando se aprobó la ley” y no se sabe “cuánto dinero llegará a través de las comunidades autónomas ni cuándo llegará”, ha denunciado. Ha recordado que los enfermos de ELA tienen una esperanza de entre tres y cinco años de vida desde el diagnóstico, y por lo tanto “no tienen tiempo que perder”.