Un año después de la aprobación en el Congreso de la llamada ley ELA, el Gobierno ha impulsado una financiación de 500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia y atender 24 horas y de manera personalizada a los cerca de 4.000 afectados por esta enfermedad neurodegenerativa en el conjunto del Estado. El texto, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, busca el "desarrollo integral" de la ley a través del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), como exigían desde hace mucho tiempo los colectivos de personas afectadas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destaca la dotación económica y la creación del 'Grado III+', con atención 24 horas para personas con ELA y otras enfermedades complejas. "Frente a los recortes del PP, que expulsaron a más de 175.000 personas del sistema, el Gobierno progresista avanza tanto en financiación como en calidad del sistema de dependencia. Por un país que cuida de todos y todas. Seguimos avanzando en derechos", ha asegurado el mandatario socialista en una publicación en la red social X, aprovechando para lanzar un dardo a los populares de Alberto Núñez Feijóo.
Fuentes del Ejecutivo español sostienen que con esta partida económica "se cumple en tiempo y forma" con el mandato de la ley ELA de adaptar el sistema de la dependencia a las necesidades de las personas con ELA u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, a la vez que se garantiza la financiación necesaria para ello. Según la Moncloa, este nuevo decreto supone un "hito histórico" en la protección social y es un "paso decisivo" para el cumplimiento de la ley. "Por primera vez se reconoce de forma específica la realidad de las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y carácter irreversible", apuntan desde el Gobierno.
Un hito para los enfermos
La ley ELA, que se aprobó hace un año por unanimidad entre todos los grupos parlamentarios del Congreso, recoge por primera vez la atención 24 horas a pacientes de ELA en estado avanzado y la formación específica en los cursos para cuidadores profesionales que trabajan en el sistema de dependencia. Y establece que las personas que interrumpan su actividad laboral para ejercer como cuidadores de personas en situación de dependencia podrán mantener la base de cotización del último ejercicio. El 50% del coste de este incremento va a cargo del cuidador, y el otro 50% por el IMSERSO. Además, la ley establece que las personas con ELA con electrodependencia serán considerados como consumidores vulnerables, y actualiza la cartera de servicios del sistema de salud para incorporar la fisioterapia a domicilio.
El texto, aprobado tras una intensa campaña de los colectivos afectados y de figuras conocidas que la padecen como el exfutbolista Juan Carlos Unzué, establece un procedimiento de urgencia para la revisión del grado de discapacidad en el caso de personas con ELA. El plazo máximo de que dispone la administración es de tres meses. El texto define un procedimiento específico para la calificación de este grado de dependencia y del derecho a prestaciones del sistema.
Demandas por incumplimiento de la ley casi un año después
Pese a la aprobación de la ley hace un año, todavía no se había desplegado plenamente, de manera que enfermos de ELA no pueden todavía disfrutar de estos derechos que les debería garantizar la administración. Este mismo julio, de hecho, un juzgado de Barcelona admitió a trámite la primera demanda contra el Servei Català de la Salut por no dar asistencia domiciliaria a un enfermo de ELA. La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat pidieron que no se admitiera la demanda, por extemporánea. No obstante, la magistrada, Montserrat Fernández, la ha admitido a trámite, al asegurar que "existe una obligación de las administraciones a la prestación de una atención paliativa a enfermos terminales".