Según el Gobierno, los independentistas detenidos el pasado 16 de enero en Girona fueron "citados" para asistir a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Un relato que dista mucho de la realidad, ya que, según ha podido confirmar El Nacional de fuentes de la defensa de los detenidos, en ningún momento recibieron una citación previa. A pesar de todo, desde Moncloa aseguran en una respuesta al senador de EH Bildu Jon Iñarritu que "fueron citados" para hacer sus declaraciones.

Entre los detenidos por los cortes de la vía del AVE de Girona el 1 de octubre del 2018, había los alcaldes de la CUP de Celrà y Verges, así como el fotoperiodista de El Nacional Carles Palacio, que aquel día se encontraba en el lugar de los hechos cubriendo la protesta pacífica. Según confirmó el TSJC el mismo 16 de enero, los arrestos tuvieron lugar por iniciativa de la policía española, sin orden judicial.

Ahora, desde el Gobierno, se asegura de que "los detenidos el pasado 16 de enero por desórdenes públicos fueron citados para cumplimentar, con su asistencia letrada, la toma de las correspondientes declaraciones." Y detalla: "Se les citó a todos ellos a las 11:30 del mismo día en la Comisaría".

A pesar de este relato de los hechos, fuentes de la defensa de los detenidos aseguran que no había citación previa para ninguno de ellos, sino que se les detuvo aquel mismo día por llevarlos a la comisaría de la policía española. "Es falso, los detuvieron", aseguran estas fuentes.

 

También niega el veto a Salellas

Por otra parte, el abogado Benet Salellas denunció que la policía española no le dejaba entrar en la comisaría mientras hablara catalán. Pero el Gobierno se lava las manos y niega que nada de eso tuviera lugar. "En ningún momento se impidió la entrada a ningún letrado en dependencias policiales, y mucho menos por el uso del idioma catalán", asegura el ejecutivo de Pedro Sánchez en respuesta a Jon Iñarritu.

Salellas se desplazó hasta la comisaría de la policía española de la calle Santa Pau de Girona, donde habían trasladado los alcaldes por la CUP de Verges y Celrà. En declaraciones a varios medios, el abogado explicó que cuando se disponía a entrar en el edificio un agente le dijo que si hablaba en catalán no le entendía y por lo tanto no lo dejaba entrar.

Un extremo que es negado tajantemente por Moncloa, que en su respuesta asegura que "en ningún momento el señor Salellas comunicó ningún incidente al referido instructor, respeto a que no se le hubiera permitido el uso del catalán en las dependencias, ni a ningún otro incidente con ningún otro funcionario." Y añade: "Tampoco presentó ningún tipo de queja".