El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 después de introducir algunas modificaciones técnicas recomendadas por el Consejo de Estado. Una de las novedades del plan llega después del escándalo del Ayuntamiento de Alicante, actualmente investigado por haber adjudicado vivienda protegida a personas del entorno del PP y del consistorio. Según ha expuesto la ministra de Vivienda en la habitual rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la medida tendrá más control antifraude, para que no se puedan repetir cuestiones como esta. “Todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes del plan deberán adjudicarse con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables; el Ministerio de Vivienda ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado estas condiciones”, dice la norma.

Rodríguez ha explicado que el plan empezará a desplegarse a partir del segundo semestre del año. Ha aseverado que “ni un euro” de los 7.000 millones que se quieren invertir hasta 2030 irá a la especulación en el mercado privado. En este sentido, ha avisado al PP que hace falta un “acuerdo de país” para resolver una problemática para la que “no valen parches” ni hay ninguna “varita mágica”. “El plan cambia el paradigma en el papel que asume el Estado, que desde los años ochenta era el de caja pagadora sin influir en las políticas”, ha expuesto la ministra en rueda de prensa.

El paquete de medidas 2026-2030 prevé un incremento de la inversión estatal en vivienda en todas las autonomías. Pero las comunidades, si quieren, pueden rechazar el dinero. En este sentido, Rodríguez ha advertido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que si se niega, estará perjudicando al “millón y medio” de ciudadanos de la capital española que viven de alquiler y que son víctimas de la especulación inmobiliaria. Ha añadido que nadie entendería que renunciara a una suma de dinero tan grande.

Madrid es, de hecho, la segunda autonomía a la que le corresponden más recursos para crear vivienda pública (1.113 millones de euros), solo por detrás de Andalucía (1.197 millones). En el caso de Catalunya, crecerá en solo 473 millones de euros. Fuentes del Ministerio consultadas por este diario apuntan que Catalunya tiene un incremento menor porque fue la única comunidad que ya aportó el 40% de los recursos públicos exigidos en la anterior convocatoria del plan. Es decir, que ya ha hecho parte de los deberes que no han hecho otras autonomías.

El plan incorpora diversas novedades en cuanto a controles, transparencia y gobernanza. La más relevante es el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca pueda acabar alimentando la especulación. Desde el Gobierno recuerdan que en los últimos 45 años se han construido 2,7 millones de viviendas protegidas, pero la mayor parte se descalificaron con el paso del tiempo. “Si estas viviendas se hubieran blindado, hoy España contaría con un parque público en estándares europeos; por primera vez, se condiciona la financiación de viviendas al hecho de que sirvan siempre al interés general”, apuntan.