El Tribunal Supremo ha hecho pública este lunes la sentencia del caso Mascarillas, la primera condena por corrupción al Gobierno o al PSOE de Pedro Sánchez. Condena al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos a 24 años de prisión, y a su exasesor Koldo García a 19 años por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. El tribunal suspende la condena de cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama por haber confesado y colaborado con la justicia. A cambio, le obliga a prestar trabajos comunitarios durante un año. A su salida del Supremo ha hecho unas declaraciones ante los medios en las que se ha mostrado "satisfecho" porque el Supremo es "justo" y ha animado a cualquier acusado en un caso de corrupción socialista a "colaborar, porque se ha demostrado que sirve de algo".
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha sido de las primeras en reaccionar a la condena en su cuenta de Twitter. Ha denunciado que, ante la anulación de la pena a Aldama, en el Estado español "sale a cuenta ser corruptor". "Cuesta entenderlo", ha dejado por escrito. Paralelamente, Nouna Lozano, portavoz de Hazte Oír, acusación particular en este juicio, ha celebrado la "sentencia histórica" del Supremo. Y también ha animado a otros acusados a continuar colaborando en sus respectivos procesos judiciales del PSOE. "El Supremo ha creado jurisprudencia y ha hecho un aviso en positivo en el que colaborar se tiene en cuenta".
El Supremo ha concluido por unanimidad que los tres formaron una organización criminal que cometió graves delitos de corrupción. La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, considera probados los delitos en la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y Adif a una empresa vinculada a Aldama, la remuneración mensual de 10.000 euros para gastos fijos de Ábalos, la contratación de dos mujeres vinculadas al exministro en empresas públicas, el pago del piso de alquiler a una de ellas, el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid, y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos. El tribunal destaca el grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político que provoca la corrupción.
La sentencia del Supremo a Ábalos y Koldo
Concretamente, la sentencia sitúa a José Luis Ábalos como el "jefe" de la trama. Era la máxima autoridad política y de influencia desde el Ministerio de Transportes y el PSOE. Koldo García, su asesor y mano derecha, era el ejecutor material que transmitía sus órdenes y manejaba el dinero en efectivo. Víctor de Aldama era el conseguidor: localizaba empresas interesadas en contratar con la Administración y garantizaba tratos de favor a cambio de comisiones que se repartían entre los tres.
Según el Supremo, Aldama garantizó el pago de los gastos personales de Ábalos mediante diversas vías para asegurar la cohesión del grupo. Se estableció una retribución fija de 10.000 euros al mes en efectivo, entregados primero a Koldo García y luego a su hermano Joseba. La trama pagó 82.295 euros para cubrir el alquiler mensual (2.700 euros al mes) de un lujoso piso en la Plaza de España de Madrid, en uno de los edificios más altos de la capital española, donde residía Jessica Rodríguez, pareja de Ábalos. Para garantizar que el entonces ministro cobraría su parte de las comisiones —estimadas en dos millones de euros—, Aldama simuló un contrato de alquiler con opción a compra de un piso suyo en el madrileño Paseo de la Castellana a favor del exministro. El precio de compra se fijó ficticiamente en 750.000 euros, la mitad de su valor real de mercado (1,44 millones), actuando como una fianza ilegal.
Aprovechando la emergencia de la pandemia del coronavirus y su influencia política, Ábalos y Koldo consiguieron que las empresas públicas Puertos del Estado y ADIF adjudicasen contratos a dedo a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. Se adjudicaron ocho millones de mascarillas por parte de Puertos y cinco millones por parte de ADIF. El nivel de amaño fue tal, según recoge la sentencia, que Aldama conocía la redacción de la orden ministerial antes de que se publicara. Aldama obtuvo unas comisiones de 6.676.046 euros. En un archivo Excel incautado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se planificó que Ábalos recibiría dos millones de euros; y Koldo, 500.000 euros.
Por otro lado, el Supremo acredita que la trama utilizó empresas públicas vinculadas al Ministerio para colocar a mujeres del entorno personal del exministro. Jessica Rodríguez fue contratada por INECO y Tragsatec, y cobró un total de 43.950 euros sin acudir nunca a trabajar. Koldo García se encargó de falsear sus partes de asistencia y amenazar a los directivos que preguntaban por su labor, lo que el Supremo califica de delito de malversación de caudales públicos. Claudia Montes, tras conocer a Ábalos en un acto de partido, fue contratada en Logirail. Ante sus reiteradas ausencias, se le iba a abrir un expediente disciplinario para despedirla, pero Ábalos y Koldo intervinieron directamente y paralizaron la sanción. Incluso consiguieron que la ascendieran a supervisora y que se cesara al directivo que había intentado sancionarla.
Aldama, que cobraba 12.100 euros al mes de Air Europa, exigió a Ábalos que el Ministerio emitiera una nota de prensa oficial anticipando un posible rescate económico para calmar a los acreedores de esta aerolínea. Tras lograr la publicación del comunicado, el empresario corruptor premió al entonces ministro pagándole unas vacaciones en Villa Parra (Marbella), abonando 8.000 euros en efectivo a través de la esposa de Koldo García. Por otro lado, Aldama intermedió para conseguir una licencia mayorista de hidrocarburos. Como pago por adelantado, se le entregó a Ábalos un chalé en la exclusiva urbanización de La Alcaidesa (La Línea de la Concepción).
Aldama confesó los hechos, detalló el organigrama y, según el Supremo, aportó pruebas documentales críticas, como contratos ocultos y el archivo Excel con el reparto de mordidas, destapando ramificaciones de la red en otros juzgados. Por su parte, Ábalos y Koldo deben indemnizar a las empresas públicas INECO y Tragsatec por el dinero malversado en los sueldos falsos, y se ha ordenado el decomiso de 430.298 euros correspondientes a las ganancias probadas del cohecho.