La familia de José Antonio Primo de Rivera ha dado un paso adelante ayer para exhumar a quien fue el fundador de la Falange española. Con la nueva ley de memoria democrática, esta se había vuelto inevitable y el Gobierno esperaba llevarla a cabo tan pronto como fuera posible, y ahora se han encontrado que ante su presión y sus prisas, la familia Primo de Rivera ha optado para hacer la exhumación por iniciativa propia, en lugar de dejarla en manos de la Moncloa. Desde el Ejecutivo, esta noticia ha sido bien recibida perque los supone un quebradero de cabeza menos, y han agradecido la predisposición de la familia de José Antonio Primo de Rivera para "cumplir con la Ley de Memoria Democrática". La familia del abogado y político, fusilado durante los primeros meses de la guerra civil, ha hecho pública la voluntad de desenterrar los restos, que descansan en el Valle de los Caídos, renombrado en virtud de la nueva ley Valle de Cuelgamuros.

Precedente de la exhumación de Franco

La solicitud ya se ha presentado al abad del Valle y a la Dirección General de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. La nueva norma establece que los restos, que ahora se encuentran en la Basílica Mayor del Valle, se podrían inhumar en la cripta de Cuelgamuros, dado que Primo de Rivera "es una víctima de la guerra civil". Desde el Gobierno esta propuesta ha sido vista con buenos ojos y no pondrán pegas. De hecho, esta exhumación recordaba inevitablemente a la de Francisco Franco, que fue una de las primeras decisiones de Pedro Sánchez al llegar a La Moncloa después de la moción de censura contra Mariano Rajoy. Esta se va aprobar en el Congreso en octubre del 2018 con los votos a favor de toda la cámara (hay que tener en cuenta que Vox todavía no tenía representación a las instituciones) y con la abstención de PP y Ciudadanos. Entonces, se aprobó el decreto de modificación de la Ley de Memoria Histórica, que permitió la exhumación.

Esta se llevó a cabo un año después de que se aprobara, poco antes de la repetición electoral del 10 de noviembre de 2019 y con Pedro Sánchez como presidente en funciones. Aunque en principio estaba calculado que los procedimientos costarían unos 3.700 euros, finalmente se acabó presupuestando por 11.709. Además, fue un acontecimiento muy mediático, seguido por millones de personas en directo por televisión. Aunque el momento de desenterrarlo no se pudo seguir en directo, sí que se pudo ver cómo los nietos del dictador llevaban el ataúd de su abuelo, que finalmente fue enterrado en el cementerio del Mingorrubio, en Madrid. En el caso de la familia Franco, no pusieron las mismas facilidades que los Primo de Rivera, y cargaron contra el Gobierno y el resto de grupos por esta decisión. De hecho, llegaron a pedir medidas cautelarísimas para parar la exhumación en el Tribunal Constitucional, que no llegaron nunca.

Ningún homenaje a los protagonistas de la dictadura

Esta decisión de la familia de Primo de Rivera llega después de que el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, anunciara que con la aprobación de la Ley de Memoria Democrática se exhumarán los restos del general Gonzalo Queipo de Llano, que sigue enterrado en la Basílica de la Macarena, a Sevilla, y del mismo fundador de la Falange. En una entrevista en la Cadena Ser, Bolaños detalló que se tomarán las decisiones "pertinentes" para hacer cumplir la norma y que "no hay ninguna excusa para no exhumarlos". Además, dijo que la nueva ley establece que estas personas no pueden descansar "en un lugar preeminente", ya que eso supone homenajear a los protagonistas de la Dictadura, y que, cuando la norma entre en vigor, "se tomarán las medidas necesarias".