El Govern presentará un recurso ante el Tribunal de Cuentas contra la decisión de no aceptar los avales del Institut Català de Finances (ICF) para cubrir las fianzas de 28 ex altos cargos de la Generalitat investigados por la acción exterior del ejecutivo catalán. "Se trata de una decisión estricta y chapuceramente política", ha denunciado el conseller de Economia, Jaume Giró, que ha destacado que ha sido adoptada "por un órgano político, formado por personas nombradas políticamente y que tienen el mandato caducado".

El Tribunal de Cuentas ha hecho pública esta mañana la resolución en que rechaza los avales del ICF a los que se habían acogido 28 de los 34 excargos del Govern investigados. El Tribunal los responsabiliza de haber utilizado fondos de Exteriores para promover el procés y les ha impuesto fianzas que suman 5,4 millones de euros.

El objetivo: embargar

El conseller ha denunciado que el objetivo del Tribunal es "embargar directa y rápidamente a todos los encausados", como indica la resolución que hoy se ha hecho pública, lo cual demuestra que esta es "una decisión política, de venganza". "Si quisiera justicia, no venganza, habría dado un plazo de unas semanas para poder reponer el aval", ha añadido.

No sólo eso, Giró ha subrayado que la decisión se ha adoptado justo en el momento en que PSOE y PP desbloquean las conversaciones para renovar los miembros de este órgano y, antes de que esto se materialice, "se han dado prisa, han corrido para emitir un dictamen".

El titular de Economia, responsable del decreto de creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar las fianzas, ha insistido en que todos los fundamentos jurídicos avalan este mecanismo, que ha recibido el apoyo del pleno del Parlament ―con sólo 19 votos en contra de los 135 diputados― y tiene un informe favorable del Consejo de Garantías Estatutarias aprobado por unanimidad.

Además, ha asegurado que la Abogacía General del Estado no ha intervenido en este tema, como le ha pedido la delegada instructora del caso, Esperanza García, porque no ha visto indicios de inconstitucionalidad. De hecho, ha recordado que sólo Vox y PP lo han llevado ante el TC.

No hay ningún riesgo

Giró, que ha hecho estas declaraciones durante una visita a Lloret, ha asegurado que los avales son vigentes y legales, pero ha añadido que su departamento volverá a buscar el apoyo de entidades financieras. En este sentido, ha advertido que la negativa de estas entidades a avalar el decreto no es por razones "estrictamente jurídicas, financieras ni comerciales", porque los avales tienen la cobertura de un fondo dotado con 10 millones de euros y, por lo tanto, "no hay ningún riesgo".

 

En la imagen principal, el conseller de Economia, Jaume Giró, durante las declaraciones en Lloret / Laura Gómez