La Generalitat ha tomado una decisión drástica y a la vez eficiente para detectar si todavía hay más gente espiada con Pegasus. Según ha podido saber RAC1, el Govern revisará los móviles de todos sus cargos para detectar si hay presencia de programas maliciosos como el que se utilizó para espiar, como mínimo, a una sesentena de altos cargos independentistas. La Agencia de Ciberseguridad de Catalunya se prepara para incrementar el nivel de control de los aparatos del medio millar de cargos del gobierno que supervisa, y les hará revisiones periódicas. El director de la Agencia de Ciberseguridad, Oriol Torroella, ha explicado a RAC1 que ahora se disponen a llevarlo a la práctica, y que confían en que podrán detectar el software malicioso como lo ha hecho el laboratorio forense Citizen Lab. Revisaremos de manera periódica los terminales para detectar si hay alguna ciberamenaza o malware. Se retiraría el teléfono infectado y lo analizaríamos", ha indicado el director de la agencia que al mismo tiempo se ha ofrecido a prestar el mismo servicio a los diputados.

¿150 espiados más?

Citizen Lab investiga si hay 150 personas más afectadas por el espionaje con el 'software' Pegasus, según publicaba este sábado el diario El Confidencial. En concreto, el rotativo apuntaba que los 65 espiados iniciales estarían colaborando con la plataforma vinculada a la Universidad de Toronto para aclarar si, a través del acceso a sus dispositivos, se espió también a parte de sus contactos. Entre los nuevos posibles afectados habría periodistas de medios de comunicación catalanes y estatales, según el rotativo. De confirmarse, se trataría de una segunda fase del espionaje con afectados fuera de la primera línea política.

La primera denuncia

Òmnium Cultural ya ha presentado la primera de las querellas por el caso de espionaje CatalanGate. Lo ha hecho en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona, que ya investiga el espionaje con Pegasus al conseller y expresident del Parlament Roger Torrent así como el líder de ERC en Barcelona, Ernest Maragall. Con esta querella en representación del exvicepresidente de la organización y portavoz Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez y de Txell Bonet, periodista y compañera de Jordi Cuixart, la entidad pretende demostrar la involucración ilegal del Estado español en la trama de espionaje y abrir la puerta a una investigación que permita imputar a todos los organismos y poderes del Estado implicados.

"El CatalanGate, el espionaje ilegal y la vulneración de derechos fundamentales que supone son una muestra más de la guerra sucia del Estado contra el independentismo y la disidencia", ha asegurado el presidente de Òmnium, Xavier Antich. "Volvemos a ver que el Estado no tiene ningún límite a la hora de detener la lucha para la autodeterminación", ha añadido. Según el presidente, "atacar a Òmnium quiere decir atacar a la sociedad civil" y considera que la aceptación de estas prácticas por parte de la justicia puede suponer un precedente para toda la sociedad europea.

La querella, que se dirige nominalmente contra la empresa israelí NSO Group, propietaria y responsable del software de ciberespionaje de teléfonos denominado Pegasus, pone de relieve la vulneración masiva y grave de derechos fundamentales, como el derecho al secreto de comunicaciones y a la intimidad, y que tiene como efecto también la vulneración indirecta de otros derechos como la libertad de expresión o el derecho a la defensa, que son consecuencia de las circunstancias en que se ha producido el ataque, perpetrado por| supuestas prácticas ilegales del Estado español. Ahora bien, el abogado Benet Salellas afirma: "Sabemos a ciencia cierta que hay agencias gubernamentales españolas que han sido las que han adquirido y utilizado este programa de ciberespionaje y nosotros estamos aquí para acusar estos poderes del Estado". Es por este motivo, que el objeto principal de la querella se centra en tres aspectos fundamentales, que se traducen en acciones concretas. Estas pasan por: facilitar e investigar toda la documentación vinculada al CatalanGate, para que sean de conocimiento de toda la opinión pública; una Orden Europea de Investigación para aclarar el origen de la financiación y determinar las responsabilidades penales de la compra y el uso ilegal de Pegasus; y el establecimiento de mecanismos de control para que los ciudadanos puedan saber si se les han intervenido las comunicaciones teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), aplicada ya a Bulgaria, Hungría o Rusia, unos mecanismos que la legislación española no prevé de forma clara.