El juez Manuel García-Castellón amplía a la Fiscalía su enfrentamiento abierto con el gobierno del PSOE y los partidos independentistas catalanes. El magistrado ha pedido a la Fiscalía del Tribunal Supremo que aporte al juzgado el informe redactado por el fiscal de sala del Supremo, Fidel Cadena, y suscrito por la mayoría de fiscales, que sostiene que hay indicios para investigar al president en el exilio Carles Puigdemont, por el delito de terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic. ¿Por qué? "Para enviarlo a las autoridades de Suiza", según una providencia dictada este miércoles, y a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat.

Este no es el informe definitivo que la Fiscalía elevará al Tribunal Supremo, y por ello se interpreta su petición como excepcional y enfrontada a la Fiscalía General del Estado, puesto que se prevee que no subscribirá la tesis del terrorismo del juez, como ya rechazó el fiscal de la Audiencia Nacional y responsable del caso, Miguel Ángel Carballo, que tampoco veía indicios delictivos en Puigdemont, ni en la mayoría de investigados, como la secretaria de ERC, Marta Rovira.

 

Indicios

Precisamente, este miércoles se ha difundido el polémico informe que argumenta que en el delito de terrorismo, reformado el 2015, no hace falta que haya una organización jerárquica y escondida, y que el objetivo de Tsunami con las manifestaciones era subvertir el orden constitucional y la paz pública. Los indicios contra Puigdemont: una conversación genérica con uno de los investigados y una reunión en Ginebra, donde se habría dado el visto bueno a activar esta plataforma anónima para convocar grandes protestas contra la sentencia del Supremo a los líderes del Procés, el octubre de 2019. El president Puigdemont ha calificado de "delirantes" los argumentos de los fiscales.

Sin colaboración

Además, este miércoles, el juez García-Castellón también ha comunicado la respuesta que da a las autoridades de Suiza por haberle denegado la colaboración internacional y localizar a Marta Rovira. El magistrado insiste que no se pueden negar, porque los tratados internacionales lo prohíben en los delitos de terrorismo, si se alega motivos políticos. El titular del juzgado central de instrucción olvida que las autoridades helvéticas le dijeron en 2020 y en diciembre pasado, que los hechos investigados en el caso de Tsunami no encajan en el delito de terrorismo, como mucho en desórdenes graves, y se encuentran en el ámbito del conflicto político. También le reclama más pruebas contra Rovira.

El magistrado también ha dictado, este miércoles, una resolución en la cual abre una pieza separada para aclarar quién habría filtrado la respuesta de Suiza, este martes, a la comisión rogatoria internacional dictada por el juez, el noviembre pasado.

Terrorismo

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, elabora el informe final que la Fiscalía elevará al Tribunal Supremo, después de que los dos fiscales de sala mantienen criterios opuestos, y de que la mayoría de integrantes (11 fiscales de 15) tumbó la propuesta de su compañero Álvaro Redondo, que defendía que no hay indicios suficientes para fundamentar el delito de terrorismo y menos atribuirlo a Puigdemont. Esta causa provocó una crisis en el ministerio fiscal porque además se hizo público un borrador en el que Redondo apostaba por investigar al presidente catalán, un hecho criticado por el fiscal general, Álvaro García Ortiz, a quien los más conservadores de la carrera fiscal mantienen un pulso que nada tiene que ver con argumentos jurídicos.

El cambio de parecer de Redondo, según fuentes fiscales, se basa en que comprobó que los controladores aéreos del Prat no quedaron secuestrados, como se apunta, sino que sufrieron dificultades de movimiento, como el resto de personas, y que se pueden enmarcar en el alcance de una manifestación masiva. El informe final de la Fiscalía no es vinculante y la sala de lo penal del Supremo, que dirige Manuel Marchena, tiene la última palabra sobre Puigdemont. Por ahora.