El diario Frankfurter Allgemeine ha publicado hoy un reportaje, titulado La única decisión sensata, presionando a los jueces de Schleswig-Holstein para que no hagan caso a la defensa y extraditen al president en el exilio, Carles Puigdemont. El rotativo defiende la entrega de Puigdemont a España apelando a necesidades diplomáticas.

"El llamamiento que ha hecho la canciller [Angela Merkel] a la solidaridad europea podría verse perjudicado en un futuro próximo por el poder judicial alemán", asegura el reportaje, aludiendo a la crisis de la emigración y a la decisión del Tribunal de Schleswig.

Después defiende que España goza de un Estado de Derecho plenamente democrático, y que no se altera la división de poderes, coincidiendo con las tesis del Gobierno español. "La negativa a extraditar acusados puede ser comprensible en el caso de Rumania o de Hungría, donde los presos están en condiciones indignas, o también en el caso de Polonia, donde el poder judicial ha sido intervenido directamente por el gobierno. Pero en cambio, todavía nadie ha puesto en duda el Estado de Derecho en España. Su balance ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es incluso mejor que el de Alemania," asegura.

El artículo defiende que el Tribunal de Schleswig no tendría que entrar en el contenido de los delitos que la Justicia española atribuye a Puigdemont, de acuerdo con otra de las peticiones que ha hecho siempre el Gobierno español. También afirma que no se pueden comparar los incidentes que hubo en una protesta en el aeropuerto de Frankfurt con los del referéndum del 1 de octubre, tal como hizo al Tribunal alemán para determinar que no existía rebelión.

El Frankfurter no evita dejar en una mala posición al Tribunal de Schleswig con acusaciones frontales. "Que estas sutilezas se pierdan en el torbellino de entusiasmo por la valiente actuación del poder judicial alemán a favor de un supuesto luchador por la libertad es normal y está en la naturaleza del debate social", suelta.

El diario pide finalmente que los jueces no se sientan obligados por su decisión inicial, que excluyó la extradición de Puigdemont por rebelión y cuestionó la de malversación, e insiste en que se lo repiensen. "Extradir a Puigdemont por todos los cargos y dejar la investigación en manos del poder judicial español también sería legalmente correcto, y sería la única solución sensata política y diplomáticamente", concluye.