Enfundada en un vestido verde, color esperanza, que contrasta con la poca fe que reconoce tener de poder pasar la Navidad en casa, Carme Forcadell ha vuelto hoy al Parlament que presidió durante el momento más álgido del procés independentista, hasta octubre de 2017. Lo ha hecho para firmar una propuesta de 'Ley de Amnistía y resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado español', acompañada de su sucesor, Roger Torrent, y de quienes la precedieron en el cargo, Ernest Benach y Joan Rigol -Núria de Gispert no ha podido estar por un problema de salud.
Ha sido un acto breve, sobrio y solemne, durante el cual sólo ha tomado la palabra el actual presidente de la cámara catalana. Desde el mismo despacho de audiencias donde tantas veces Forcaell reivindicó la libertad de expresión que debe imperar en un parlamento, Torrent ha insistido en "el escándalo democrático" que supone la sentencia del Tribunal Supremo para el 1-O. En este sentido, ha lamentado que el Estado no haya sabido dar hasta ahora una respuesta política al conflicto entre Catalunya y España.
El indulto no resuelve el conflicto
Como ya han apuntado todos los dirigentes políticos independentistas encarcelados, Torrent ha apuntado que "las peticiones de indulto pueden ayudar a resolver la situación personal de algunas de las afectadas y los afectados. Pero el alcance de la represión, con miles de personas encausadas en diferentes causas abiertas, hace que sólo una ley de amnistía pueda poner fin".
Por eso, insistiendo que "fin de la represión y referéndum son los grandes consensos de la sociedad catalana y hace falta que sean una realidad cuanto antes mejor", los presidentes del Parlamento han estampado su firma en la propuesta de ley orgánica de amnistía y resolución del conflicto político entre Catalunya y el estado español que impulsa la Asociación Amnistía y Libertad.
La espada de Damocles del Supremo
Desde julio pasado, Carme Forcadell puede pasar el día fuera de la prisión, pero tiene que volver a dormir, en aplicación del tercer grado. Un régimen de semi-libertad que la fiscalía ha recurrido.
Sólo la expresidenta del Parlamento y la exconsellera Dolors Bassa siguen de momento en esta situación. En el resto de presos, los hombres que están en Lledoners, el juzgado de vigilancia penitenciaria les suspendió el permiso hasta que el Tribunal Supremo resuelva si se lo mantiene o si lo revoca. La decisión, este jueves.
