Esta vez será la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien tendrá que comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Y, de nuevo, el independentismo se movilizará en la calle. El Govern, con el president, Carles Puigdemont, al frente, los partidos, las entidades civiles y, según las previsiones, una importante concentración popular acompañarán esta mañana a la presidenta en su recorrido desde el Parlament hasta las puertas del Tribunal.

Puigdemont se reunirá con Forcadell a primera hora de la mañana en la Cámara catalana, allí también estará el ex president Artur Mas y los ex presidentes del Parlament, Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert. Desde el despacho de audiencias, Forcadell saldrá a las puertas del edificio, donde la esperarán los alcaldes presentes, así como diputados, entre los cuales el presidente de CSQP, Lluís Rabell.

Todos ellos acompañarán durante una parte del recorrido a la presidenta, que hará a pie el camino hasta el TSJC. Puigdemont, por una cuestión institucional, no irá hasta las puertas del Tribunal. Tampoco el conseller de Justícia, Carles Mundó, ni el de Interior, Jordi Jané. Pero sí el resto del ejecutivo y los diputados de JxSí y los de la CUP -excepto Anna Gabriel y Benet Salellas, que no estarán por razones de agenda-, así como los representantes de las entidades soberanistas, ANC, Òmnium, la AMI y la Associació Catalana de Municipis (ACM).

Malestar del TSJC

La previsión es que haya un gran movilización en la calle y que se repita -e incluso se supere- la manifestación de apoyo que se vivió en las puertas del Tribunal cuando compareció el entonces president Artur Mas, investigado en su caso por haber puesto las urnas del 9-N. En aquella ocasión desde el TSJC y desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se expresó explícitamente a través de una nota el malestar por lo que se consideró como una maniobra de presión y un ataque a la independencia judicial.

Esta vez, las movilizaciones populares ya empezaron la víspera con concentraciones ayer por la noche ante Ayuntamientos catalanes, empezando por el de Barcelona, donde la alcaldesa, Ada Colau, se encargó de leer el manifiesto de apoyo. El mismo manifiesto que se leyó en cada una de las concentraciones.

Además, la movilización se ha extendido también por diferentes parlamentos europeos, incluido el Parlamento británico, donde una moción de apoyo a la presidenta ha recogido ya la firma de 21 diputados -del escocés SNP, el galés Plaid Cymru, el Partido Laborista británico y el Partido Verde-. La última que ha expresado públicamente el apoyo a Forcadell ha sido la presidenta del Parlamento de Gales, Elin Jones.

Prevaricación y desobediencia

Pasadas las nueve de la mañana está previsto que empiece la declaración. Forcadell tendrá que responder ante el tribunal sobre la decisión de permitir la votación ante el pleno de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent. Aquella votación provocó que se dictara un incidente de ejecución de la sentencia del TC que anulaba la resolución del 9-N del Parlament e impedía desplegar ninguno de sus contenidos.

La votación se celebró el 27 de julio y la Mesa evitó incluir este punto en el orden del día del pleno, precisamente para intentar evitar el conflicto legal. Fueron los responsables de JxSí y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel, los que tomaron la palabra durante el pleno para pedir incluir la votación.

Con todo, la presidenta ha sido señalada como responsable e investigada por los delitos de prevaricación y desobediencia ante la resolución del TC. La Fiscalía la acusa de actuar con "menosprecio a la Constitución" y tilda de "incumplimiento frontal" la aprobación de la resolución del Parlament. Hace responsable Forcadell "con pleno conocimiento del contenido de las mencionadas resoluciones" porque considera que es ella quien toma "la decisión de llevar las conclusiones al pleno del Parlament".

Los delitos que le imputan pueden suponer una inhabilitación de hasta 17 años. La desobediencia está castigada con una inhabilitación para ejercer un cargo público que va de los 6 meses a los 2 años. Y la prevaricación tiene una pena de entre 9 a 15 años.

Plan para la secesión

En el texto de la querella, el Ministerio Público acusa a Forcadell de "concretar un plan preciso para la secesión" y de "dinamitar el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado". De hecho, la Fiscalía basa su acusación en la "grave grieta del ordenamiento constitucional" que provoca en su opinión la actitud de Forcadell.

La magistrada Maria Eugenia Alegret, ex presidenta del TSJC, es la encargada de instruir todo el proceso de la querella contra Forcadell. Alegret desestimó el recurso contra la querella. La presidenta argumentó, entonces, que "no existe norma penal (ni puede existir) que prohíba el debate parlamentario. Ni existe ni puede existir un debate de ideas ilegal como el Ministerio Fiscal insinúa". En el recurso también se apelaba a una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la que se acuerda que la libertad de expresión resulta fundamental y es "uno de los pilares básicos de una sociedad democrática y de su progreso y desarrollo".

A partir de la declaración de Forcadell y el resto de la instrucción y declaraciones de los testigos, la jueza tiene que decidir si envía a la presidenta al banquillo de los acusados y se hace el juicio, o bien archiva el caso.