La Fiscalía quiere que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, esté plenamente advertida de las consecuencias derivadas de no detener las actividades de la comissió d'Estudi del Procés Constituent, razón por la cual ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un escrito por el que insta al alto tribunal a dejar claras las cosas a la dirigente de JxSí.
Según fuentes fiscales, sus alegaciones son coincidentes con las de la Abogacía del Estado por las cuales se instaba al TC a requerir a la presidenta del Parlament y a los miembros de la comisión a que “se abstengan de la realización de ninguna actuación tendente a poner en funcionamiento o dar continuidad a los trabajos de la comisión”, una vez esta ha sido impugnada.
De hecho, la impugnación de la comisión se fundamenta en el hecho que la resolución aprobada por el Parlament para crearla es “coincidente" con la resolución del pasado 9 de noviembre “sobre el inicio del proceso político en Catalunya como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015", que también fue anulada.
El Gobierno español ya consideró en su momento que se trata de movimientos que tienen como objetivo “poner en marcha en el Parlament de Catalunya un proceso constituyente que, como tal, no tiene cabida en la Constitución”.
Por todo ello la Fiscalía pide al TC que recuerde a Forcadell que la persistencia en este incumplimiento constituiría un “acto de frontal desacato y manifiesto incumplimiento” de la sentencia del pasado 2 de diciembre.