Foment del Treball ha reclamado este miércoles en el juicio en la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declarar ilegal la huelga general convocada por la Intersindical-CSC el 8 de noviembre de 2017 porque tuvo "motivos políticos". En el juicio, el letrado de Fomento ha reclamado una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios a las empresas de la patronal durante esa jornada de paro en Catalunya, y ha asegurado que fue una huelga "ilegal e irresponsable".
Ha defendido que fue ilegal por su motivación política (vulnerando el artículo 11 del Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo), por vulneración de procedimiento al no cumplirse el plazo de preaviso y por abuso de derecho al plantear una huelga de muchos días y después ir convocando. También ha invocado la falta de legitimación del sindicato para convocar la huelga al solo contar con un 0,4% delegados y miembros comités empresa y administraciones, según sus datos.
La CSC-Intersindical se defiende
La Intersindical-CSC ha asegurado que "toda huelga general es política, tiene un componente político", pero ha puntualizado que los motivos por los que fue convocada eran laborales: la precariedad laboral, el decreto del Gobierno central que facilitó el cambio de sede de empresas, y la impugnación de leyes laborales y sociales promovidas por el Parlament, entre otros motivos.