La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo (TS) contra el tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de la exconsellera Dolors Bassa.

Fuentes fiscales han explicado que la decisión sobre los efectos suspensivos del recurso de apelación recae en el tribunal que recibirá el recurso, y será el Supremo porque fue el que las condenó.

El martes pasado, el juzgado de vigilancia penitenciaria 1 de Catalunya desestimó un primer recurso del fiscal contra la semilibertad de Bassa y Forcadell.

La Fiscalía ha presentado dos recursos de apelación ante el Tribunal Supremo contra la progresión a tercer grado de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de la consellera Dolors Bassa, una vez el juzgado de vigilancia penitenciaria confirmó el régimen abierto la semana pasada. El ministerio público insiste en la gravedad de los delitos cometidos y la importancia de las penas de prisión. También destaca que las internas siguen sin considerar que los hechos por los cuales fueron condenadas sean constitutivos de delito. El Tribunal Supremo será quien decida sobre el fondo de la cuestión, pero la posible suspensión la tiene que dictaminar el juzgado de vigilancia penitenciaria.

Sobre Forcadell, la Fiscalía remarca que la expresidenta del Parlament reconoce los hechos pero no el delito, porque "la interna hace su propia interpretación de los mismos". "En la medida en que no asume el carácter delictivo de los hechos por los cuales cumple condena, no puede hablarse de una evolución suficientemente favorable" para otorgarle el tercer grado, constata el recurso.

Además, insiste en que en ningún momento se habla de ningún tratamiento grupal o individual que haya recibido Forcadell para tratar los delitos que cometió.

Sobre Bassa, la Fiscalía también destaca que "no se responsabiliza de los hechos y de las consecuencias derivadas de sus actos". "Que no reconoce el delito queda claramente acreditado en su discurso, ya que considera que actuó de forma legítima y democrática, amparado en una supuesta norma superior a la Constitución", indica el ministerio fiscal, que añade que todo eso le sirve como "excusa para no haber acatado las leyes".

Es más, recuerda que esta motivación quedó reflejada en su intervención en el Tribunal Supremo, cuando tuvo la opción de hacer un último uso de la palabra.