La Fiscalía del Tribunal Supremo está en contra que se llevea ante la justicia europea el caso sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. El ministerio público está ultimando el escrito que presentará en la sala Segunda del Supremo en el cual se opone a que se plantee una cuestión prejudicial delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), iniciativa que ha pedido el eurodiputado electo y presidente de ERC.

La fiscalía considera que no tiene sentido llevar el caso al tribunal de Luxemburgo cuando el Supremo ya impidió que Junqueras tomara posesión de su acta de eurodiputado en el Congreso de los Diputados y alertó del peligro que podía suponer para el final del procés que el presidente fuera inmune una vez accediera a su escaño de eurodiputado.

El escrito de la fiscalía poone énfasis en que la condición de eurodiputado se adquiere cuando se acata la Constitución ante la Junta Electoral Central, trámite que Junqueras no pudo hacer ante la prohibición del Supremo de salir de la prisión. También considera que no es hasta que se constituye el Parlamento Europeo, el 2 de julio, que tiene efecto la protección que prevé el protocolo de la Unión Europea relativo a inmunidades y privilegios.

 

El escrito de la fiscalía posa énfasis en que la condición de eurodiputado se adquiere cuando se acata la Constitución ante la Junta Electoral Central, trámite que Junqueras no pudo hacer ante la prohibición del Supremo de salir de la prisión. También considera que no es hasta que se constituye el Parlament Europeo, el 2 de julio, que tiene efecto la protección que prevé el protocolo de la Unión Europea relativo a inmunidades y privilegios.

Competencia exclusiva

En su escrito, la Fiscalía cree que la jurisprudencia del TJUE reconoce "con meridiana claridad" la competencia exclusiva "" a las autoridades nacionales para regular las condiciones para la adquisición del estatuto de europarlamentario.

Como también lo hacen - prosigue - los servicios jurídicos del Parlamento europeo, que señalaron que "es atribución exclusiva de la autoridad judicial competente autorizar a los parlamentarios electos bajo orden de arresto nacional la prestación de juramento o acatamiento de la Constitución que los convierte en europarlamentarios de pleno derecho".

Reitera la Fiscalía que la prohibición a que Junqueras saliera de prisión está "plenamente" justificada por la necesidad de proteger otras hasta constitucionalmente legítimos", es decir, la salvaguardia del caso en el que se enfrenta a 25 años de prisión y que está a la espera sentencia, y además no supone la "pérdida de la titularidad del derecho" sino "un aplazamiento temporal de su efectividad".