La Audiencia Nacional reinicia, este lunes, el juicio contra el president Jordi Pujol, sus siete hijos y nueve empresarios, que se enfrentan a penas de 5 a 29 años de prisión, acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y contra Hacienda. El tribunal ha citado a una sesentena de nuevos testigos (hay un total de 200, 33 no localizados), repartidos en cuatro sesiones hasta el jueves. Una parte de los testigos tienen que aclarar si tenían o no cuentas en Andorra y si interactuaron con Jordi Pujol Ferrusola, como ya admitió un empresario la semana pasada. La novedad de estas sesiones es que el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo -que continúa afrontando solo el juicio- tiene que probar la retorcida acusación  contra los Pujol de financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Retorcida y extraña por tres motivos: el primero es que los titulares de las tres empresas que habrían aceptado esta acción no han sido acusados formalmente, como otros exdirectivos que son juzgados junto con los Pujol, como los de Isolux Corsán y Copisa o en la causa del 3%, centrada en la causa de financiación de CDC, que se juzgará el año que viene. El segundo es que tampoco se pide a CDC, partido disuelto en 2016, o su heredero, que devuelva el dinero, como pasó en el caso Palau de la Música. Y el tercero, que la obtención de contratos públicos por las empresas implicadas no tiene apariencia de irregular, y para hacerlo más barroco se citan casos de otras sentencias. Por lo tanto, el fiscal Bermejo se tendrá que volver a dejar la piel para fundamentar las acusaciones, ayudado por la Abogacía del Estado, que -como es normal en macrocausas- tiene dos juristas en el juicio. Por ahora, en el juicio se han escuchado testigos de negocios reales y privados con Pujol Júnior, a pesar de que podría haber cierto conflicto de interés, negado por los empresarios.

Aval de Pujol Júnior

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción, en el escrito de acusación, sostiene que el hijo mayor de Pujol “habría concedido su aval personal a operaciones de financiación ilícita del partido político Convergència, con liquidez a sus cuentas andorranas”, entre los años 1999 al 2004. Añade que CDC “propuso a las sociedades Hispart, Altrafroma y Winner Graph, con las cuales venía contratando servicios de publicidad y propaganda para campañas electorales, proceder al pago de estos servicios mediante procedimientos opacos, simulando la existencia de determinadas operaciones de préstamos a cada una de estas empresas, que otorgaría FIBANC y cuyo pago sería atendido por CDC, a su vez, mediante mecanismos también ilícitos”.  La operativa descrita es, también, enrevesada.

El fiscal precisa que Convergència “habría dispuesto de ingentes cantidades de dinero con destino desconocido, gracias a operaciones financieras avaladas por Jordi Pujol Ferrussola y añade que "durante el período que transcurren los hechos, el máximo dirigente de CDC era Jordi Pujol Soley”, que fue president de la Generalitat del 8 de mayo de 1980 al 20 de diciembre de 2003. La Fiscalía precisa que “a pesar de disponer de la totalidad de la financiación otorgada que ascendió a 2.203.036 euros, el partido político CDC únicamente habría resarcido una parte de estos capitales”.

La Fiscalía pide para el president Pujol 9 años de prisión por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales, a pesar de que aún no se ha probado el delito primero, que llevaría al blanqueo. La defensa de los Pujol, encabezada por Cristóbal Martell, niega toda acusación y reitera que el dinero escondido en Andorra hasta su regularización, el 2014, tiene el origen en una deixa del abuelo Florenci Pujol; no en comisiones ilegales. 

Condenado en el caso Palau

Por esta supuesta financiación irregular, deben declarar en la Audiencia Nacional el jueves como testigos Miguel Giménez-Salinas Lerin, entonces administrador de Altraforma, condenado a 8 meses de prisión por haber confesado que facturó 160.000 euros al Palau de la Música en facturas falsas para destinar el dinero a CDC, partido condenado a devolver 6,6 millones de euros al Palau. La Fiscalía aprovecha y cita esta condena en el escrito de acusación para engordar las sospechas. También ha sido citado, como testigo, Carles Herrándiz Bernad, de Winner Graph.

Las adjudicaciones públicas

La Fiscalía expone que “estos préstamos serían concedidos formalmente por FIBANC a cada una de estas mercantiles, quedando CDC oculta. CDC -añade- asumiría el pago de estos préstamos, haciendo frente al abono mensual de los recibos de préstamo, a tal efecto realizaría ingresos mensuales en cada una de las cuentas de préstamo”. También afirma que el resto de los préstamos de CDC “lo habría seguido pagado a través de diversas empresas, todas ellas relacionadas con la administración autonómica de Catalunya por ser adjudicatarias de obras, concesiones, proyectos urbanísticos”.

En cuanto a las insinuaciones de concesión de contratos públicos, la Fiscalía asegura que “en la relación de clientes atribuibles a Hispart, figuran numerosos organismos adscritos a la comunidad autónoma de Catalunya”. Por ejemplo, destaca la adjudicación de 2002, “licitada por el procedimiento negociado a Hispart, y a su matriz Stereo Rent por importe de 112.330 euros para la realización de la producción, montaje y desmontaje de una exposición”.

También cuestiona la transferencia a CDC por un importe de 22.202 euros en noviembre de 2011 con el remitente “Grup Diputació de Barcelona”, sin tan siquiera apuntar que podría ser la aportación de los concejales y representantes políticos de CDC, como hacen todos los partidos. No hay que olvidar que Anticorrupción hizo investigar en una pieza del caso 3% a exconsellers por donaciones al partido, como Felip Puig, Jordi Jané o Irene Rigau, después cerrado.

Además, pone en duda que Winner Graph haya tenido de cliente la Fundació CatDem, adscrita a CDC. Otra sospecha lanzada por la Fiscalía es que “la empresa TEC-QUATRE SA, facturada por una cantidad de 20.638 euros por Winner Graph, resultó adjudicataria en el año 2001 de diversas obras públicas, entre ellas la ejecución de la dirección de las obras de construcción de la Línea 9 del Metro de Barcelona, por importe de 319.000.000 pesetas”. No ha habido ninguna investigación ni imputación por esta adjudicación, sin embargo. Ni está imputado en el caso 3%, de financiación de CDC.

El Ministerio Público también incluye hechos probados, pero del caso Palau de la Música, condena confirmada por el Tribunal Supremo en 2020. Por ejemplo, cita GPO Enginyeria, y a su administrador, que aseguró que su sociedad Triobra facturó 910.638 euros al Palau, que en realidad eran obras en casa de Félix Millet, presidente y ladrón confeso de la entidad emblemática catalana y fallecido en marzo de 2023.

Paralelamente, entre los testigos citados por el tribunal, presidido por el magistrado José Ricardo de Prada, destacan: Jaume Romà Rodríguez, conseller de Política Territorial y Obras Públicas entre los años 1994 y 1995 y el empresario Carlos Javier Tusquets Trías de Bes, por haber hecho negocios con Pujol Júnior, como ya han declarado otros empresarios y expolíticos, como ahora el fundador de Coalición Canaria, que alabó al president Pujol ante el tribunal.

Hay más ex consejeros citados como testigos en las nuevas sesiones, como por ejemplo el actual consejero de Justicia, Ramon Espadaler (Units per Avançar), cuando fue conseller de Medio Ambiente (Unió) en el gobierno de Pujol.