Más presión. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que aparte a su presidente, Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, que tienen el mandato caducado, antes del pleno extraordinario convocado este miércoles para resolver la impugnación del Senado contra la paralización de la tramitación de las dos enmiendas parlamentarias que modifican la forma de elección de los miembros del mismo el Constitucional. El escrito de impugnación presentado por el Senado contra la medida cautelarísima de suspensión, solicitada por el PP y acordada el lunes para el TC, solicita que esta impugnación se resuelva antes de mañana jueves, cuando está previsto que el Pleno del Senado vote la proposición de ley, de la cual, de momento, se han retirado estas enmiendas. El pleno del TC ha empezado a las siete de la tarde, según informan fuentes del tribunal, sin más detalles. Ninguno de los dos magistrados se apartó en la primera votación para que el grupo conservador del TC no perdiera la mayoría (6 votos a favor de la enmienda del PP y 5 en contra), y que de forma excepcional ha parado dos reformas legislativas antes de aprobarse.
En concreto, la Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que abra un incidente de recusación contra los dos magistrados. La Fiscalía argumenta esta petición por “la incuestionable vinculación directa de los citados miembros del pleno con el objeto de tramitación parlamentaria sobre la cual se proyecta el recurso de amparo”, refiriéndose a la enmienda número 62, puesto que se cambia las mayorías para renovar los miembros del tribunal y ellos serían sustituidos al momento. Añade que “es objetivamente incuestionable la incidencia automática de esta norma en la situación personal y profesional de los dos en caso de que se llegara a aprobarse, y resultaría impedido si se mantiene la medida cautelar adoptada”. Circunstancia, según la Fiscalía, que “constituye un factor innegablemente condicionante de la apariencia de imparcialidad que de manera constante y enfática viene invocando, como factor esencial, tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del mismo Tribunal Constitucional”.
Alerta del peligro
En su documento, la Fiscalía considera que la queja del Senado al TC “está muy fundada”, y sostiene que la decisión del TC “se ha adoptado con demasiado pronto e inexistencia de precedentes” y “alerta del peligro que esta actuación establezca un precedente”, según fuentes del ministerio público. Además, la Fiscalía “lamenta” no poder conocer los argumentos jurídicos de la resolución del TC sobre la enmienda del PP aceptada, especialmente porque “limita” su tarea en la presentación de la alegación y argumentación.
El noviembre pasado, el gobierno de Pedro Sánchez reveló quien ocupará el lugar de los dos magistrados que le toca proponer al Gobierno para renovar el TC: Juan Carlos Campo, exministro de Justicia y redactor de los indultos a los presos políticos independentistas y la catalana Laura Díez, exdirectora general de asuntos constitucionales de la Moncloa. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) volvió a fracasar en su intento de consensuar los dos magistrados que le tocan proponer para el tribunal de garantías.