La fiscalía se opone a la concesión de un permiso de tres días solicitado por Jordi Cuixart y que contaba con el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners. El ministerio fiscal considera prematura la concesión del permiso, el segundo solicitado por el presidente d'Òmnium Cultural, por considerar que es escaso el tiempo de cumplimiento de la sentencia. 

Al escrito presentado ante el juzgado de vigilancia penitenciario, concluye que el permiso es injustificado por "la falta de asunción de los hechos delictivos y ausencia de arrepentimiento". Además sostiene que es improcedente ante "la ausencia de tratamiento penitenciario para superar los déficits detectados". Serà el juzgado quien decidirà.

El president de Òmnium Cultural salió por primera vez de la prisión el 16 de enero pasado para disfrutar de un permiso de 48 horas. Días después, el 23 de enero la junta de tratamiento le otorgaba otro de 72 horas.

La fiscalía cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional para destacar que los requisitos establecidos para la concesión de permisos a los presos calificados en segundo o tercer grado son "posibilidades y no derechos", y que su concesión "no es automática por la concurrencia de los requisitos objetivos previstos a la ley". "Porque el interno haya cumplido un cuarto de la condena, observe buena conducta o no sea mala, no por eso tiene que corresponderle en todo caso la concesión de permisos", ha asegurado, puesto que son un elemento para la "preparación para la vida en libertad".

El ministerio público considera que todavía queda "mucho de tiempo" para cumplir las tres cuartas partes de la pena, momento en qué Cuixart podría obtener la libertad condicional. Así, considera que el objetivo del permiso, la "preparación para la vida en libertad", se "desvirtúa" cuando el permiso se concede de manera "excesivamente anticipada".

Carencia de arrepentimiento

Otra de las razones para oponerse al permiso es, al parecer del fiscal, la carencia de arrepentimiento. Así sostiene que "puede ser que reconozca los hechos recogidos en sentencia y asuma las consecuencias de ellos, pero hace su propia interpretación, no considerando que estos sean un delito" negando, al parecer del fiscal, el estado de derecho.

En este punto se refiere en las declaraciones de Cuixart durante el juicio al procés, cuando aseguró que lo volvería hacer, y en el libro publicado por el presidente de Òmnium Ho tornarem a fer "donde pose en evidencia, sin perjuicio de su libertad de expresión, su posicionamiento en relación al delito por el cual ha sido condenado".