Investigación inédita. La fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, ha incoado diligencias de investigación para "aclarar las responsabilidades pertinentes y la existencia de una posible estrategia conjunta entre la dictadura española de Francisco Franco y el régimen nazi en la detención y posterior traslado de miles de españoles exiliados en Francia, en diferentes campos de exterminación". Los principales campos fueron Mauthausen (Austria) y Gusen (Alemania), donde las personas fueron sometidas a trabajos forzados, tortura, desaparición y asesinato. La Fiscalía General del Estado ha informado de esta investigación inédita este lunes, con motivo del 80.º aniversario de la liberación del campo de Mauthausen.
Delgado pidió al fiscal general, Álvaro García Ortiz, liderar esta investigación después de tomar conocimiento del expediente tramitado por la Magistrada del Registro Civil Central para la inscripción de la defunción de los 4.435 españoles muertos en aquellos campos, la mayoría republicanos, muchos de los cuales no se han podido identificar todavía.
Homenaje a los republicanos en París
Precisamente, el gobierno francés celebra este lunes en París el acto institucional de conmemoración del 80.º aniversario de la liberación del campo de concentración de Mauthausen, en homenaje a los deportados republicanos que sufrieron la represión nazi. El conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, participará en la ceremonia que se hará a las dos y media del mediodía en el cementerio del Père-Lachaise.
La amnistía de 1977, el freno
La investigación de los campos nazis se enmarca en lo que dispone la ley de memoria democrática, aprobada en 2022, que ordena la investigación de todas las acciones de torturas y vejaciones desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 hasta la aprobación de la Constitución, el 29 de diciembre de 1978. No obstante, los jueces y tribunales españoles siguen poniendo trabas a investigar por la vía penal a la policía franquista porque -según argumentan- están amparados por la ley de amnistía de 1977, que no ha sido derogada, según recuerdan el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
El caso de Blanca Serra
Para evitar nuevos portazos de los tribunales, la Fiscalía de Memoria ha empezado a usar las diligencias de investigación que le permite la ley. Este es el caso del activista catalanista Blanca Serra Puig (Barcelona, 1943), que denunció a la Fiscalía las torturas que le infligieron agentes de la Brigada Politico-Social de la Prefectura de la Policía española de Vía Laietana, el febrero de 1977, para que pidan expedientes policiales y aclarar hechos.
La fiscal de Memoria Democrática de Barcelona ya anunció que aceptaba la investigación del caso Blanca Serra y que la cita a declarar a la Fiscalía el próximo 19 de mayo. Habrá que ver hasta donde podrá investigar la Fiscalía. Se pueden saber los nombres de los torturadores de la activista catalana, pero será muy difícil llevarles ante un tribunal, según algunos expertos.