La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en la renovación de la seguridad del AVE en Urda, después del accidente ferroviario del 28 de octubre. En un comunicado de este viernes, el organismo ha informado de la apertura de una segunda investigación sobre posible fraude de fondos europeos en la renovación y mejora de la seguridad, señalización y sistemas de comunicaciones en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. También ha explicado que se llevan a cabo "medidas de indagación" en la sede de Adif en Madrid, en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas, en colaboración con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Es la segunda investigación de este tipo, después de la que se abrió el pasado 20 de marzo, después del accidente de enero en Adamuz.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas también ha confirmado que agentes de la UCO se han desplazado hasta sus dependencias con una solicitud de información. Recuerda que el pasado 18 de diciembre, hace casi un año, aprobó un informe de fiscalización sobre los procedimientos de gestión y control implantados por Adif para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia —la estrategia del gobierno español para gestionar los fondos europeos NextGenerationEU.
Según fuentes consultadas por EFE, la Fiscalía Europea investiga la presunta desviación de fondos europeos, fraude en las subvenciones y malversación, entre otros presuntos delitos. Concretamente, examina contratos relacionados con el mantenimiento de la vía y con los sistemas de seguridad, después de un siniestro que se produjo tras la caída del sistema de seguridad LZB. Las mismas fuentes precisan que el organismo está en permanente contacto con los dos juzgados encargados de investigar las causas de los accidentes, el juzgado número 2 de Montoro (Córdoba) y el número 1 de Orgaz (Toledo), aunque sus pesquisas son del todo independientes. "Esta confirmación excepcional se produce después del gran interés público y no se facilitarán más detalles en este momento de la investigación", concluye el comunicado del organismo —que se encarga de investigar, judicializar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea—.