Punto y final. La Fiscalía europea ha cerrado la última carpeta judicial que investigaba las comisiones que cobró el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el procedimiento de compra de mascarillas durante los meses más duros de la pandemia. El organismo sentencia que se archiva la causa teniendo en cuenta que no hay "indicios suficientes" que sustenten la comisión de un delito en la adquisición de material sanitario por valor de 1,5 millones de euros, y argumenta que no se ha podido comprobar que se pagara de más durante la transacción comercial. La Fiscalía española también decidió archivar en junio del 2022 el mismo caso que habían denunciado diferentes grupos políticos en la Comunidad de Madrid.
"En particular, no ha quedado acreditado que el precio abonado por las mascarillas fuera desproporcionado vista la calidad del material ofertado y entregado ni que hubiera sufrido un incremento indebido derivado de la intervención de personas ajenas a la empresa", sostiene la Fiscalía, que, además, concluye que "ha quedado acreditado que el transporte fue abonado por la empresa adjudicataria y no por la Comunidad de Madrid". Este es el argumentario del organismo europeo, que niega que hubiera un sobrecoste en la operación a través de la cual el hermano de Ayuso se llevó 283.000 euros en comisión. O sea que cobró por la operación lo que le correspondía.
El contrato polémico fecha de abril de 2020, cuando en España no había suficiente material sanitario para atender las primeras olas de la pandemia de la covid-19. Entonces la Comunidad de Madrid adjudicó a dedo 1,5 millones de euros a una empresa propiedad de un amigo de la infancia de la familia Ayuso para comprar mascarillas. La empresa sospechosa, Priviet Sportive, no tenía experiencia en el sector sanitario y el hermano de la presidenta madrileña intercedió en la transacción y se llevó una comisión jugosa. En un primer momento, Díaz Ayuso reconoció que su hermano se llevó vía comisión y en una sola factura al menos 55.850 euros más el IVA. Ahora bien, el gobierno regional confirmó después que Tomás Díaz Ayuso recibió un total de 283.000 euros a través de la empresa en cuatro facturas, pero aseguró que tres de estas no tenían ninguna relación con las mascarillas.
Hace menos de un año, en junio, la Fiscalía Anticorrupción cerró de golpe también la causa contra Isabel Díaz Ayuso a raíz de las denuncias que habían presentado los partidos de izquierdas en la Comunidad de Madrid. El ministerio público concluyó que la presidenta madrileña no había tenido ningún papel para beneficiar a su hermano en la comisión que cobró. De hecho, se abstuvo de pronunciarse sobre los supuestos delitos vinculados a fondos procedentes de la Unión Europea que ya estaba investigando el organismo europeo, que ahora ha puesto punto y final a la causa después de "una exhaustiva investigación".
El contrato de la discordia en el Partido Popular
El contrato de Tomás Díaz Ayuso se convirtió en el arma arrojadiza que desembocó en una crisis monumental en el Partido Popular en 2021, entonces liderado por Pablo Casado. El líder defenestrado abrió la caja de los truenos cuando, en una entrevista en la Cadena COPE, denunció públicamente los pagos al hermano de Ayuso. "La cuestión es si es entendible que el 1 de abril [de 2020], cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros de beneficio para vender mascarillas". Estas palabras de Casado provocaron un enfrentamiento personal con Díaz Ayuso, que de inmediato acusó a Casado de querer destruirla políticamente. Aquel cara a cara acabó, gracias a la presión de los barones del PP, con la defunción política de Casado y el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como nuevo jefe de filas del principal partido de la derecha española.