La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Provincial de Sevilla que ejecute la condena a seis años de prisión por malversación y prevaricación que le fue impuesta al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, por el caso ERE, lo que implicaría su ingreso en la prisión, según han informado fuentes fiscales en Europa Press. Además de la de Griñán, la Fiscalía también ha pedido ejecutar la condena de varios exconsejeros de los gobiernos socialistas de la Junta, como Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, José Antonio Viera o Antonio Fernández. La Audiencia de Sevilla había solicitado al Ministerio fiscal y a las acusaciones personadas que se pronunciaran sobre la suspensión de la pena de prisión para Griñán y otros ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía mientras se tramitan los indultos planteados.
La sentencia inicial condenaba a 19 de los 21 exaltos cargos socialistas juzgados, entre los cuales destaca a José Antonio Griñán, que presidió la Junta entre 2009 y 2013, así como el PSOE entre 2012 y 2014, antes de su caída por el caso de los ERE, por el cual ha sido condenado por malversación y prevaricación continuadas. Con respecto a Manuel Chaves, predecesor de Griñán y que se situó al frente del gobierno andaluz entre 1990 y 2009, fue condenado a nueve años de inhabilitación especial por prevaricación.
Petición de indulto parcial para|por Griñán
El pasado 1 de septiembre la familia del expresidente de la Junta de Andalucía presentaron ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial para el exdirigente socialista. La mujer y los hijos de Griñán informaron a través de un comunicado que ya había dado el primer paso para que el Gobierno se pronuncie sobre si concede o no el indulto parcial en Griñán. La familia alegó que esta solicitud de indulto se amparaba "expresamente en razones de humanidad y equidad", y sostenían que, "desde el total con respecto a las instituciones", existían "argumentos para su concesión".
La petición llegó después de que el pasado 26 de julio el Tribunal Supremo confirmara la condena a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el uso irregular de las subvenciones autonómicas para expedientes de regulación de empleo (ERE). El Supremo consideró probado que los nueve exaltos cargos del gobierno andaluz eran conocedores del entremate irregular para las concesiones de ayudas sociolaborales durante la década del 2000 en el 2009, que supusieron una malversación de 680 millones de dinero público, y les acusa de actuar siendo conscientes del "descontrol" y de las "gravísimas ilegalidades" que se cometían, y no hicieron nada para evitarlo.
Recurso de nulidad
Griñán no se ha detenido en el intento de librarse de la prisión. El pasado mes de setiembre, la defensa del expresidente socialista de la Junta formalizó ante el Tribunal Supremo un incidente de nulidad con respecto a la sentencia que desestima su recurso de casación, que está pendiente de respuesta. Según publicaba Europa Press, la defensa del político formalizaba delante de la Sala Segunda del TS este incidente de nulidad que resuelve los recursos de casación contra la resolución previa de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla a raíz del procedimiento específico a través del cual la Junta canalizó ayudas para prejubilaciones a EROS fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas.
El incidente de nulidad que se refiere a una posible lesión del principio de presunción de inocencia, al estar "fragmentada" la sentencia del Supremo en un primer anuncio el pasado 26 de julio con respecto al sentido de esta, y la posterior notificación completa el pasado 14 de septiembre. Según los abogados de Griñán la sentencia declarada el mes de julio es "sin fundamento". Además, también señalaba la supuesta falta de contestación a dos de los motivos incluidos en el recurso de casación formulado por la defensa del expresidente andaluz ante la sentencia inicial de la audiencia.