La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias contra la CUP por la partida de 168.666,63 euros que destinó por la campaña del 1-O. Según publica el diario Ahora, la fiscalía ha citado a declarar a los proveedores de la campaña para el referéndum de la CUP por un posible delito de malversación de fondos, una información que también ha corroborado esta formación política.

Los mensajes de apoyo no se han hecho esperar. Uno de los primeros ha sido el de la diputada en el Congreso de JxCat, Laura Borràs, vía Twitter. "Sabíamos que la represión no se detendría", ha manifestado Borràs. Además, ha asegurado que el Estado tiene que encontrar a los partidos independentistas "juntos en la lucha anti-represiva" y ha acabado el tuit con un tono de solidaridad: "A vuestro lado".

Propuesta de Ciudadanos

Esta investigación surge de una propuesta de resolución de Ciutadans, presentada ahora hace un año y donde recordaba las asignaciones que reciben los grupos parlamentarios a través del presupuesto del Parlamento son para desarrollar sus funciones y no "sufragar actividades ilícitas".

En este contexto, la Fiscalía Anticorrupción empezó la investigación en febrero, pero esta se detuvo durante el confinamiento. Ahora, se ha vuelto a activar. De momento, ya habrían declarado una quincena de personas. La Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido actuar de oficio, ve en la actuación de la CUP un posible delito de malversación.

¡En concreto, la campaña de apoyo al referéndum del 1-O llevaba por lema Barrámoslos! Desobediencia, autodeterminación, Países Catalanes. Además, iba acompañada de un cartel donde se veía ilustrada una mujer barriendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el rey Felipe VI; el expresidente del Gobierno José María Aznar; los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y Artur Mas, y el cardenal Rouco Varela, entre otros.