La Fiscalía y la Abogacía del Estado han defendido este miércoles en el Tribunal Supremo la competencia y argumentos utilizados por el instructor de la causa del procés, el magistrado Pablo Llarena, contra las últimas decisiones que éste adoptó, el pasado mes de enero, en relación al presidente en el exilio Carles Puigdemont y la resta de los exiliados. Hoy se han celebrado dos vistas de apelación, contra la tramitación de un suplicatorio al Parlamento Europeo y otra contra el mantenimiento de la vigencia de las órdenes de detención contra todos ellos.

Por su parte, la defensa de los exiliados ha argumentado la falta de competencia del instructor por no tratarse ya de aforados , ya que ya no son miembros del Parlament ni del Govern de la Generalitat, y porque considera que el órgano emisor de todas las peticiones debería haber sido el Ministerio de Justicia, según han señalado fuentes presentes en la vista, que se ha celebrado a puerta cerrada.

El abogado defensor de los exiliados, Gonzalo Boye, ha señalado igualmente los problemas legales que presenta el hecho de que el auto de procesamiento dictado en su día contra los ahora parlamentarios europeos (Puigdemont y exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí) fuera dictado y declarado firme por la Sala de lo Penal del Supremo por el delito de rebelión, mientras que las peticiones de detención y suplicatorio hablan ahora de sedición, al adaptarse tras la sentencia del 1-O.

En la vista también ha participado la representación letrada de la acusación popular, ejercida por Vox, que ha argumentado en contra de que las decisiones adoptadas por tribunales europeos puedan determinar las decisiones de Tribunal Supremo español, según las mismas fuentes.

Abiertos a declarar

La Abogacía del Estado, por su parte, se ha mostrado en contra de las peticiones de la defensa precisamente por "la condición de huidos de la justicia" de los exiliados, algo que Boye ha rebatido señalando que siempre han estado a favor de que se tramitara una orden de investigación para que prestaran declaración desde sus actuales lugares de residencia, algo que el instructor nunca ha acordado.

El alto tribunal había fijado inicialmente para deliberar sobre esta cuestión la fecha 24 de septiembre, si bien tras la petición de los abogados defensores de los líderes independentistas el asunto se ha celebrado en una vista con asistencia de los letrados de todas las partes. La defensa de Puigdemont, que ejerce Gonzalo Boye, recurrió la decisión al considerar que Llarena no es competente para pedir el suplicatorio porque el líder independentista, que reside en Bélgica y procesado por los delitos de sedición y malversación, renunció a su escaño en el Parlament, por lo que ya no es aforado ante el Supremo.

 

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