La Fiscalía presentó al principio del mes de agosto un escrito ante el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona para pedir que se alargue la investigación sobre la organización del referéndum del 1-O durante un año más y así poder practicar todas las diligencias.

Hace más de un año que este juzgado decidió procesar a una treintena de cargos y excargos del Govern por la organización del 1-O. Queda por ver si la jueza acepta o no la petición de la Fiscalía.

El juzgado 13 es el que inició las investigaciones judiciales que acabaron convirtiéndose en la causa del 1-O en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.

También fue este juzgado el que ordenó la macrooperación policial del 20 y 21 de septiembre de 2017 que llevó a la Guardia Civil a registrar las conselleries de Economia, Afers Exteriors, Afers Socials i Governació, así como el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Información (CTTI) y  la Agència Tributària de Catalunya.

Hay que recordar que fue a raíz de estas macrooperaciones que el presidente de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, fueron juzgados y condenados a largas penas de prisión.

Cuando se inició la causa, al frente del juzgado estaba Juan Antonio Ramírez Sunyer, pero murió a los 71 años en noviembre de 2018 después de sufrir una larga enfermedad. 

Ramírez Sunyer fue el juez que encargó los registros y detenciones del 20 de septiembre en las conselleries de la Generalitat y también instruyó el caso de las declaraciones del exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal sobre la Hacienda catalana.

Jové i Salvadó

La causa que lleva el juzgado 13 es la que afecta, entre otros, a Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Este pasado mes de julio el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) desestimó los recursos presentados por Jové y Salvadó contra su procesamiento por los preparativos del 1-O.

El auto confirmó, como ya hizo la magistrada instructora en abril, su procesamiento por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos y concluye que durante la investigación en el juzgado de instrucción 13 no se vulneraron sus derechos fundamentales y de defensa, ni siquiera cuando se les pincharon los teléfonos y se registraron sus despachos y domicilios el 20-S. Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox se habían opuesto a los recursos.

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