Sorpresa. La fiscal ha anunciado este lunes, en el juicio en la Audiencia de Barcelona por el caso vacunas, que retira la acusación contra los exconsellers de Salut Alba Vergés y Josep Maria Argimon y otros tres excargos de Salut por supuestamente haber retrasado la vacunación de la covid-19 a policías españoles y de la Guardia Civil destinados en Catalunya, en marzo de 2021. Inicialmente, la Fiscalía solicitaba 12 años de inhabilitación a cargo público para Vergés, Argimon y también para el exsecretario general de Salud, Marc Ramentol y al exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. El presidente del tribunal, el magistrado José Manel del Amo, ha pedido a la fiscal que presentara su informe, y esta solo ha manifestado: "Se ratifica la retirada de la acusación". Nada más.
Por su parte, los abogados de las acusaciones populares han mantenido la acusación del delito de prevaricación administrativa, con la petición de 12 años de inhabilitación a cargo público, haciendo suyo el escrito de acusación inicial del Ministerio Público. Han asegurado que los excargos de Salut pararon la vacunación de los agentes, a pesar de que estaba acordada y programada. "Fue una decisión injusta y arbitraria", han asegurado los letrados. También se han quejado de que el tribunal, en la primera sesión, "expulsara" el delito contra los derechos de los trabajadores, por el cual pedían 3 años de prisión a los cuatro excàrrecs de Salud.
La polémica de la causa es que la consellera Vergés ordenó, tal como dijo el ministerio de Salud, "reprogramar" la vacunación con AstraZeneca y priorizar a los mayores de 60 años por delante de los grupos esenciales, donde estaban los policías españoles y también los Mossos, de los cuales, sí tenían esta edad, fueron vacunados.
Los sindicatos policiales mantienen la acusación
En este sentido, la mayoría de los sindicatos también ha retirado la acusación a Francesc Xavier Rodríguez, entonces director de servicios del Departament de Salut, que ya no lo acusaba la fiscal. El sindicato JUPOL, de la policía española le ha mantenido la acusación. Las otras acusaciones son: la JUCIL, de la Guardia Civil y el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Unión Oficial de la Guardia Civil Profesional (UOGCP).
La JUPOL y la JUCIL denunciaron el retraso de la vacunación en una demanda a la sala del contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que ordenó como medida cautelar que se vacunara a los agentes españoles, que entonces solo estaban inmunizados en un 3%, en el porcentaje que tenían los Mossos d'Esquadra, en un 70%, el marzo de 2021. En la sentencia, el TSJC abrió la puerta que se denunciara a los responsables de Salut por la vía penal, como hicieron los sindicatos policiales y también la Fiscalía.
"Una vacunación a medida"
El abogado de Vergés, el penalista Mariano Bergés, ha pedido que se condene en costas a las acusaciones populares, que representan los sindicatos policiales, y se han adherido todas las defensas. En su informe final, Bergés ha asegurado que el retraso parcial de la vacunación fue por "causas objetivas" y "sin que tuviera responsabilidad la consellera Vergés ni el Departament de Salut" y por ello ha solicitado su absolución.
El penalista ha explicado que se hizo "una vacunación a medida" de los agentes españoles y de la Guardia Civil, que pidieron ser vacunados en espacios propios y que los cuerpos policiales debían entregar las listas de los agentes que se tenían que vacunar y que, a veces, se modificaban. "No hubo ninguna discriminación y se actuó en defensa del interés público", ha concluido Bergés, recordando que era un periodo excepcional, con "escasez de dosis de vacunas", y que, al final, se vacunó a todos los agentes, con el impulso del TSJC.