El azar ha querido que el Tribunal Supremo haya confirmado la condena a Iñaki Urdangarín el mismo día que salía el libro Pedro Horrach, el fiscal que puso en jaque a la corrupción (Planeta, 2018), escrito por la periodista Ana Martínez Aguirre. Pero, más allá del caso Nóos, Pedro Horrach (Sa Pobla, 1966) también ve con inquietud la situación de la justicia española, especialmente la prisión preventiva de los dirigentes políticos y sociales independentistas. Siempre se ha posicionado a favor del derecho a la autodeterminación de los pueblos de España, y sigue defendiendo que es posible celebrar un referéndum que tenga cabida en la Constitución española. Y cree que la solución pasa justamente por ahí.
¿Como ve que un vecino suyo de Sa Pobla, Valtonyc, se haya tenido que ir a Bélgica para no entrar en la cárcel?
No es agradable, sinceramente. Y tampoco es agradable ver a nadie entrar en la cárcel. Conozco parcialmente el caso, por lo que ha salido en los medios de comunicación, pero una condena de tres años es claramente excesiva.
¿Entiende su decisión de irse?
Esto es una decisión personal que ha tomado él. No soy quien para valorarla o criticarla.
¿Cree que hay un retroceso de libertades en el Estado español?
Espero que no, sinceramente. Espero que la justicia evolucione de forma positiva y que estos casos no se vuelvan a dar.
¿Hay un problema de judicialización de la política?
Lo que entiendo es que desde una parte de los responsables políticos se ha judicializado decisiones que tendrían que haber quedado dentro del ámbito exclusivo de la política. Un principio fundamental del derecho penal es el principio de intervención mínima, que antes de acudir al derecho penal se tienen que resolver las situaciones recurriendo a recursos que no supongan penas tan graves como la privación de libertad. Desde este punto de vista, España tendría que avanzar más, y no acudir a los tribunales penales constantemente.
Eso complica aún más la búsqueda de soluciones...
Evidentemente. Determinadas situaciones se tienen que resolver en el foro donde nacieron. Si nacieron en un foro político, se tienen que resolver allí. Diálogo y negociación.
Me hablaba del principio de intervención mínima. ¿Cree que lo ha aplicado la Fiscalía en relación al procés, donde se ha alineado con las posiciones más duras?
Creo que la Fiscalía General del Estado ha tomado decisiones en base a consideraciones jurídicas. Algunas las puedo compartir y otros no. Lo que sí que me extraña es que se alargue tanto la prisión preventiva.
No se cumple ninguna condición para la prisión preventiva: ni el riesgo de fuga ni los obstáculos a la investigación.
¿Como ve que el juez Llarena recurra a la ideología de los presos para justificar la prisión provisional?
La prisión preventiva sólo puede partir de dos finalidades: evitar la huida y evitar obstáculos a la investigación. En el momento en que no se cumple ninguna de las dos, no tiene ningún sentido que estén presos. Además, hay una cierta contradicción. Puigdemont está huido, pero al mismo tiempo está localizado permanentemente. Que haya en prisión preventiva personas que ni siquiera intentaron huir. Han demostrado que no tienen voluntad de sustraerse de la acción de la justicia. Ya han pasado muchos meses y la instrucción está a punto de acabar.
¿Por qué cree que siguen en la cárcel?
Sinceramente, no lo sé. Ni creo que sea yo quien se tenga que pronunciar sobre ello.
¿Comparte el término presos políticos?
Espero no tener que compartirlo. Porque ya han pasado muchos años desde el final de los presos políticos en este país.
¿Cómo ha acabado un partido ultra como VOX teniendo el papel que tiene? Es parecido al caso de Manos Limpias.
Es muy parecido. Y es incomprensible. No entiendo cómo la legislación española otorga los derechos que otorga, ni la interpretación que se hizo en su momento de la doctrina Botín, después Atutxa y después Infanta. Tres interpretaciones diferentes. Creo que se tendría que restringir al máximo la presencia de la acusación popular. Sólo existe en España. En el resto de países no existe esta figura. No puede estar en manos de la acusación popular el hecho de que una persona se tenga que sentar en un banquillo o ser condenado.
Usted ha defendido el derecho de autodeterminación de los pueblos de España. ¿Cómo se tendría que concretar esto?
Se tendría que concretar a través del correspondiente referéndum, y dejar a todos los ciudadanos libertad para ir a votar. Pero no a través de unas elecciones autonómicas que tienen un objetivo totalmente diferente, sino desde una votación específica donde el voto de cada uno valiera lo mismo.
¿Tiene encaje en el marco legal español este referéndum?
¿Y por qué no? Creo que tiene cabida. Que la gente vaya a votar, y pueda decidir sobre una situación tan importante como pertenecer o no a un Estado determinado, es factible. Y si hay una parte importante de la población que reclama una votación, se tendría que llevar a cabo.
¿Entonces considera que el referéndum del 1-O es constitutivo de delito?
El referéndum del 1-O se hizo en unas condiciones que le devalúan la fiabilidad y credibilidad. Creo que es un tema que se tendría que haber consensuado con el Estado. En el momento en que no se pudo llegar a un entendimiento, y después del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, es complicado.
Si hay una parte importante de la población que reclama un referéndum de autodeterminación, se tendría que llevar a cabo.
¿Pero entiende que haya abiertas varias causas, cuando el delito de referéndum fue despenalizado?
No puedo contestarle, no lo he estudiado suficientemente.
¿Con el cambio de gobierno español, ve margen para el diálogo?
Claro que lo veo. Como lo veía antes. Espero que dialoguen, dialoguen y dialoguen. La salida a este conflicto debe ser política, no judicial.