El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho esta mañana una declaración institucional, después de la toma de posesión de varios fiscales y acompañado de la cúpula de la carrera fiscal, en la que ha defendido con contundencia a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, que firmó la denuncia por delito fiscal y falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Garcia Ortiz ha criticado con dureza a los críticos con las actuaciones de los fiscales madrileños, ha asegurado que "no toleraré que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución" y que "no pienso consentir que la fiscal jefe de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados para ejercer la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva".
El origen, una nota de prensa
El fiscal general se refiere a la nota de prensa facilitada el 14 de marzo pasado por la fiscalía provincial de Madrid en la que se aseguraba de que la defensa de González Amador fue quien propuso un acuerdo de conformidad que implicaba aceptar que había cometido dos delitos fiscales. Garcia Ortiz afirma que "la comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieran ninguna incidencia procesal en un ulterior procedimiento judicial".
La Fiscalía de Madrid confirmó en esta nota de prensa que "el único pacto de conformidad", con reconocimiento de los delitos fiscales, que ha existido a la investigación Alberto González Amador, pareja de Ayuso, era el propuesto por el letrado del investigado al fiscal el 2 de febrero del 2024, en contraposición a lo que habían publicado algunos medios y el mismo jefe de Gabinete de la presidenta, que habían dicho que fue Fiscalía quien propuso el acuerdo. En la nota difundida el 14 de marzo, la Fiscalía aclaraba su actuación en relación con la denuncia interpuesta por la Fiscalía Provincial de Madrid contra Alberto González Amador por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental. Posteriormente, González Amador anunció que se querellaba contra la fiscal jefe de Madrid por revelación de secretos.
Garcia Ortiz, que ha asegurado estar "informado de los acontecimientos y de la publicación del comunicado", ha asumido l"la responsabilidad última de esta nota de prensa" y ha advertido que no piensa "consentir que la fiscal jefe de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados para ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva". Ha señalado, además, que no tolerará "que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente" de la institución.
Cumplir con la deuda de informar
"En consecuencia, sirva esta declaración institucional como apoyo a los compañeros de la Fiscalía Provincial de Madrid, que no han hecho sino cumplir un deber de informar verazmente a la ciudadanía con absoluta transparencia, prudencia y dentro de los márgenes y límites que marca nuestro ordenamiento jurídico y la Instrucción nº. 3/2005 de la Fiscalía General del Estado. E, insisto, asumo institucionalmente la responsabilidad última de la nota de prensa emitida por la Fiscalía Provincial de Madrid", afirma Garcia Ortiz en el comunicado, que ha concluido así: "Para acabar, quiero destacar que la Fiscalía española actúa con imparcialidad, objetividad y neutralidad política absoluta en el ejercicio de sus funciones. Y que ningún ciudadano o ciudadana de este país recibirá un tratamiento diferente por motivos ajenos al proceso. La actuación del Ministerio Fiscal se enmarca siempre dentro de la ley, porque fuera de la ley no hay nada".