"Prudencia". Es la palabra que ha usado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para esquivar de pronunciarse sobre si la reforma del delito de malversación que promueven el PSOE y ERC beneficiará a los encausados del Referéndum de Autodeterminación de Catalunya del 1-O del 2017, en su primera visita a Catalunya, este martes. "Es demasiado prematuro y pronto hablar de la reforma sin tener los textos aprobados y sin poder interpretar qué quiere el legislador", ha afirmado García. No obstante, se le ha insistido si esta reforma implicará que revisen los escritos de acusación que tiene que presentar muy pronto la Fiscalía para los encausados en el TSJC (Garriga, Jové y Salvadó) y los del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, y ha detallado que los tribunales todavía no han dado traslado para presentarlos y que cuando lo hagan ya decidirán si se pide más tiempo para introducir la reforma. El fiscal general del Estado ha insistido en que no quiere hacer "hipótesis" ni "usar la imaginación", y ha concluido: "La Fiscalía hará y cumplirá la ley. El Parlamento hace la norma y a la Fiscalía le corresponde interpretarla."
La reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno incluye un nuevo artículo en el delito de malversación (el 433), el cual castiga al funcionario que administre incorrectamente el dinero público con penas de prisión de uno a cuatro años y de inhabilitación de dos a seis años. La tramitación se realiza por la vía rápida y ya podría estar aprobada antes acabar este año. ERC sostiene que la nueva reforma del delito de malversación no penaliza el 1-O, mientras los socialistas aseguran que sí. Hay juristas que también cuestionan el nuevo delito del PSOE que incluye conceptos sin definir como "aplicación pública diferente".
Primera visita a Catalunya
El fiscal general del Estado ha sido acompañado del fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, del teniente fiscal Pedro Ariche y de la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón. Han visitado a los fiscales de l'Hospitalet y a los de Barcelona, en el edificio de la Ciutat de la Justícia. "Hace tres meses que estoy en el cargo y la visita a Catalunya, y Barcelona está dentro de la normalidad", ha declarado el fiscal general en una atención rápida de pie a los periodistas. "Tenemos que estar a disposición del equipo, dar confianza y ser un vertebrador del estado de derecho en España", ha manifestado.
Preguntado por la reforma exprés de la malversación y que no haya pasado a ser consultada por el Consejo Fiscal, Álvaro García ha afirmado: "El Parlamento tiene la soberanía del pueblo, que emite las normas en nuestro país y no hay ningún tipo de discusión. Ha habido normas que han pasado por el consejo fiscal y después la norma no ha tenido nada que ver. Son caminos que escoge el legislador y los tenemos que respetar."
Y sobre los efectos de los cambios en los delitos de la malversación, el fiscal general ha mantenido su posicionamiento prudente y sin mojarse. "Ante el carácter absolutamente técnico que tiene la reforma penal, es mejor la prudencia y no hacer juicios de valor."
La investigación de Melilla, a punto
El fiscal general del Estado tampoco ha querido valorar el informe de Amnistía Internacional, presentado este miércoles, que sostiene que la tragedia en la valla de Melilla son crímenes contra la Humanidad. García ha adelantado que la investigación de la Fiscalía está a punto de concluir, que "se ha hecho con rigor" y que presentará pronto las conclusiones.
En la foto principal, el fiscal general del Estado, Álvaro García, con el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, y la fiscal jefe de Barcelona, Concepción Talón. / Foto: Carlos Baglietto