La fiscal Pilar Fernández Valcárcel ha pedido al Tribunal Supremo que desestime todas las alegaciones que ha presentado la defensa del president Quim Torra para que no se le inhabilite. Así pues, Fernández considera que tienen que quedar en papel mojado todas las explicaciones que ha dado previamente Gonzalo Boye sobre el derecho a ampararse en la justicia europea y el hecho de "estar juzgando un hecho político", y no jurídico, tal como ha remarcado en más de tres ocasiones el abogado del president. La fiscal ha sido bastante ilustrativa: "(Boye) estira y adapta las leyes a su conveniencia. Es legítimo, pero no asumible".

Además, Fernández Valcárcel reitera la autoridad de la Junta Electoral Central (JEC) para pedir responsabilidades jurídicas, ya que la incidencia y la toma de decisiones de este órgano se produjo en un "periodo electoral". Así pues, pone el acento en el momento concreto en que se produjo el hecho de colgar la pancarta de "Llibertat presos polítics" como uno de los argumentos más esenciales para que Torra acabe inhabilitado.

Por otra parte, sin citar dónde se explicita, asegura que "el Estatut no acoge ninguna responsabilidad en el ámbito electoral", aunque es potestad del president de la Generalitat convocar y desconvocar las elecciones. Además, tal como recogen los estatutos de la JEC, se define únicamente como una junta "administrativa", y añade: "La ley atribuye precisamente a la JEC la competencia para resolver las disposiciones establecidas".

Con la mirada puesta en Europa, Boye ha incidido en la importancia del Tribunal de Justicia Europea para entender las normas democráticas de toda la Unión Europea. Fernández Valcárcel no ha querido entrar en los argumentos y se ha quedado con el enunciado, claro y rotundo: "No hay ningún tipo de duda sobre la norma comunitaria, por lo tanto, totalmente desestimado".

La fiscal Pilar Fernández Valcárcel ha sido la encargada de revisar la condena y la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, por desobediencia. La fiscal empezó su carrera en plena Transición, el año 1978, en Bilbao como abogada. El año 1993 fue nombrada fiscal del Tribunal Supremo y, desde el 2004, fiscal de Sala especializada en temas de víctimas del terrorismo. Desde el 2012 trabaja para la protección de los intereses de las víctimas en el proceso penal.

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