El nuevo fiscal en jefe de Anticorrupción, Manuel Moix, probó de impedir que se produjera uno de los registros planteados en la Operación Lezo contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, según informa la SER.

Moix habría ordenado a los fiscales por escrito que no llevaran a cabo uno de los registros, por el cual ya tenían preparado todo el dispositivo policial, y lo habría hecho con el apoyo del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

La cosa, sin embargo, no le salió bien. Los fiscales se opusieron a las directrices dadas por su jefe e invocaron el artículo 27 del Estatuto de la Fiscalía, que subraya que "el fiscal que reciba una orden o instrucción que considere contraria a las leyes [...] lo hará saber así, mediante un informe razonado, a su fiscal en jefe [...]". Moix acabó acogiéndose a lo que pensaba la mayoría y el registro salió adelante.

Actuación habitual

El fiscal Anticorrupción ha puesto encima de la mesa en la SER que eso es "una actuación habitual", pero otras fuentes jurídicas consultadas por la misma emisora aseguran que pocas veces se ha tenido que invocar el artículo 27 y que eso generó "tensión" en la junta de la Fiscalía.

De hecho, Moix, que habría probado limitar la investigación, aparece al sumario de la Operación Lezo en una conversación que había tenido el expresidente de la Comunidad de Madrid con Eduardo Zaplana, en que celebraba la posibilidad de que Moix estuviera el nuevo fiscal en ninguna Anticorrupción.

La Unión Progresista de Fiscales intentó impedir en su momento el nombramiento de Moix alegando la existencia de conversaciones que implicaban al nuevo fiscal en los supuestos tratos de favor del PP.

La Fiscalía lo niega

Por medio de un comunicado, la fiscalía ha negado las acusaciones de haber intervenido para evitar los registros, asegurando que "no es posible desvelar elementos y ni datos del procedimiento porque está bajo secreto de sumario" y afirmando que "es falso que el fiscal jefe haya intentado obstaculizar la investigación ", para añadir que, en todo caso," las puntuales discrepancias "sobre cómo había que proceder en esta investigación ya fueron" resueltas "en una Junta de Fiscales, en un" escenario de estricto y razonable debate jurídico ".

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