El pasado 12 de diciembre Mariano Rajoy ponía fecha y lugar a la Conferencia de Presidentes Autonómicos: será el 17 de enero en el Senado. Esta, tal como demuestran las posteriores declaraciones de los miembros del Gobierno español, pretendía ser una más de las cartas que el ejecutivo español quería jugar, en el marco de la denominada Operación Diálogo, con el Gobierno catalán, pero el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, dejó claro desde un primer momento que no tenía ninguna intención de ir. La negativa de Puigdemont podría ser tan solo uno más de los despropósitos que han acompañado históricamente a las Conferencias de Presidentes, si no fuera porque es la primera vez que la máxima institución catalana declina la invitación, con la carga política que eso comporta.

El invento de Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero llegó a la presidencia del Gobierno español con la Conferencia de Presidentes como una de las propuestas estrella que ya había anunciado durante la campaña electoral. "Será el complemento idóneo de un Senado reformado", aseguraba en el discurso de investidura del año 2004. El cierto es, sin embargo, que 12 años después el organismo tan solo se ha reunido cinco veces y gran parte de la población ni siquiera lo conoce.

Una prueba de este desinterés ciudadano y político es que, sin ir más lejos, el encuentro de enero será nada más el segunda que convoca Mariano Rajoy después de cinco años al frente del Gobierno central. La primera fue hace cuatro años, el 2012.

Sobre el papel, este es el órgano de máximo nivel político de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas y ocupa la cúspide del conjunto de órganos de cooperación multilateral. Su creación fue considerada en aquel momento como la iniciativa más importante para el desarrollo y la colaboración entre las diferentes autonomías, aunque en la práctica nunca haya acabado saliendo ninguna propuesta de calado.

En la primera cita se debatió la participación de las comunidades en los asuntos comunitarios europeos y también la financiación de la asistencia sanitaria; en el 2005 se selló un acuerdo sobre financiación sanitaria; en el 2007 se elaboró un documento sobre investigación, desarrollo e innovación, y en el 2009 se debatió sobre empleo, economía sostenible, agricultura, ganadería y pesca. El año 2012, ya con Rajoy, los líderes autonómicos debatieron el reparto del déficit.

Más gestos que decisiones

Más allá de los contenidos que se debaten, que son de interés general de todas las comunidades y varían en función de la voluntad del presidente del Gobierno español, las Conferencias de Presidentes Autonómicos siempre han ido acompañadas de interpretaciones sobre el papel que tiene cada uno de los asistentes. Así, por ejemplo, la primera de las convocatorias fue especialmente relevante por el hecho que era la primera intervención del lehendakari vasco Juan José Ibarretxe en un foro multilateral en España. La última vez, el año 2012, los focos se centraron en Artur Mas, que en aquel momento ya había iniciado el proceso soberanista. Mas fue el último en llegar a la cita y tenía delante 11 presidentes autonómicos populares, de un total de 17.

Imagen: ACN

Ausencias con simbolismo

La cita llega esta vez con un escenario mucho más complejo para el Gobierno central: el Partido Popular se ha quedado con solo cinco presidencias autonómicas, por siete del PSOE y, en el caso catalán, el Govern ha continuado adelante con el plan soberanista, que ha activado todas las alertas al núcleo del poder estatal, decidido a responder judicialmente.

En este contexto, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dejado claro desde el primer momento que no asistirá a la conferencia, rompiendo con lo que habían hecho todos los jefes de Govern que le han precedido. Puigdemont defiende que antes de convocar una conferencia de presidentes autonómicos el Gobierno de Rajoy tendría que cumplir con el sistema de financiación caducado desde hace tres años, y asegura que no asistirá al encuentro porque así se lo recomienda "la experiencia" y porque en la etapa postautonomista "no encajan los comportamientos más clásicos y fallidos del autonomismo más rancio". Para Puigdemont, Catalunya necesita un diálogo bilateral, teniendo en cuenta que en la última Conferencia de Presidentes en el Parlamento había 14 diputados independentistas y ahora hay 72.

También el lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, ha descartado acudir a la cita al considerar que las circunstancias no justifican que vaya. El lehendakari considera, según explicó el portavoz del Gobierno vasco, que ahora "se tiene que poner en valor la singularidad del autogobierno vasco" y pidió, como Puigdemont, que la relación con el Estado "se vehicule a través de relaciones bilaterales entre el Estado y Euskadi".

Imagen: Generalitat

Las ausencias de las dos naciones históricas, aunque el contexto las podía hacer previsibles, han provocado que el encuentro quede inevitablemente debilitado ante la opinión pública. Pocas esperanzas se depositan, ahora mismo, en una cita que parece condenada a acabar igual o más vacía de contenido que las anteriores.

Escenificar diálogo

De momento, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, ha convocado para el miércoles a todos los consejeros de Presidencia autonómicos con el objetivo de establecer el orden del día de la reunión y ver qué propuestas se pueden debatir. Santamaría ha hecho extensiva la convocatoria a Neus Munté, aunque todo apunta a que no asistirá, en coherencia con la decisión de Puigdemont. Y precisamente por eso, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del viernes, el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, insistió en que las apelaciones del Gobierno español al "diálogo" no se corresponden con las manifestaciones del presidente de la Generalitat. "Los ausentes nunca tienen razón", afirmó.

También otras formaciones políticas como Ciudadanos y el PSC han aprovechado para cargar contra el Gobierno catalán y denunciar lo que consideran una falta de voluntad de acuerdo, pero desde los sectores soberanistas se apunta la ausencia de Urkullu como ejemplo que no se trata de un enrocamiento político de la Generalitat sino de un convencimiento compartido que esta no es la vía para encauzar las relaciones con el Estado.