La prensa belga presenta a la vicepresidenta Carmen Calvo como una bocazas. Pese a sus avisos de "daños a las relaciones" entre estados y sus amenazas de "tomar medidas", "no ha especificado qué medidas tomaría el gobierno español" si la justicia de Bélgica no entrega al president en el exilio, Carles Puigdemont.
Por el aire de los titulares, los diarios belgas, tanto de lengua francesa como neerlandesa, están sorprendidos con la salida de tono de la vicepresidenta española, a quien incluso la Comisión Europea le ha recordado que no debe interferir en un procedimiento judicial.
De Standaard, el diario de referencia flamenco, habla con el abogado de Puigdemont. "Gonzalo Boye cree increíble que España presione al gobierno belga en una cuestión puramente legal. Según Boye, va contra de la separación de poderes".
Boye también ha hablado con De Tijd, el diario económico flamenco: "Las declaraciones de la vicepresidenta española nos ayudan enormemente. Se las agradecemos". Según Boye, "son un ataque a la separación de poderes, porque avisa que las relaciones diplomáticas entre Bélgica y España quedarán afectadas por una cuestión puramente legal".
Otro de los abogados de Puigdemont, Simon Bekaert, se ha pronunciado de la misma forma:
The Spanish government calls up on the Belgian government to put pressure on the Belgian judge to extradite. So much for judicial independence. https://t.co/rpLGBNMWiR
— Simon Bekaert (@Simonbekaert) October 29, 2019
"No sería la primera vez que el tema catalán provoca tensiones entre Bélgica y España", recuerda De Tijd. "Estos dos últimos años, Madrid ha expresado irritación más de una vez por las declaraciones de políticos belgas sobre el caso catalán". Recuerda que el año pasado "España pidió explicaciones al embajador en Madrid, Marc Calcoen, porque el entonces presidente del Parlamento flamenco, Jan Peumans, había 'ofendido' a España".
El periodista que sigue el caso en Le Soir, el diario liberal valón, ya lo adelantaba hace unos días. "Las cosas no son tan fáciles ni rápidas con las euroórdenes. 'El procedimiento es largo y lento', aseguran varios abogados". Este martes, insistía: "La extradición depende de la calificación de los hechos. ¿De qué acusa la justicia española a Puigdemont? ¿Son compatibles esas acusaciones con la ley belga, como es preceptivo en una euroorden? Las dos euroórdenes anteriores lo reclamaban por delitos que no existen en la legislación belga: la 'rebelión' y, en menor medida, 'sedición' (incitación a la revuelta). Por eso no acabaron en extradición de Puigdemont".
De Standaard publica también una opinión de Maarten Colette, investigador en Derecho de la Vrije Universiteit de Bruselas, titulado "La atrofia del estado constitucional antidemocrático". Amonesta a la Unión Europea, que condena los gobiernos de Polonia y Hungría por degradar las instituciones democráticas, y calla ante la actitud cerrada del estado español con Catalunya. No es igual lo que hacen Polonia y Hungría que lo de España, dice Colette, pero la UE debería tomarse más en serio el caso de Catalunya, pues es "una lucha entre la democracia y el estado de derecho". España "debería ser más flexible y superar la interpretación demasiado estrecha de la ley. El estado de derecho no puede limitarse a la aplicación estricta de 'la ley'", añade.