Agustí Carles i Garau (Barcelona, 1964), abogado y presidente de la entidad Drets desde hace pocos meses, codo con codo con el abogado Alfons Clavera, del Institut de Drets Humans de Andorra (IDH) recoge los primeros frutos de un trabajo discreto, constante y sin cobrar ("aquí no hay fondos reservados", dice Carles) para intentar aclarar la Operación Catalunya contra el independentismo catalán desde la justicia de Andorra ya que en el Estado español, los jueces que han tenido algunas pruebas en sus manos se las han sacudido. En enero de 2017 las dos entidades, como acusación popular, presentaron una querella a la Batllia de Andorra contra dos comisarios y un inspector de la policía española, acusados de haber extorsionado en el 2014 a los accionistas mayoritarios de la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener de forma ilegal si tenian cuentas de la familia Pujol (que salió publicado en un diario español), de Artur Mas y Oriol Junqueras.
Ampliaron la querella en el 2020, pidiendo responsabilidades políticas con la imputación del expresidente Mariano Rajoy; los exministros Cristóbal Montoro, de Hacienda, y Jorge Fernández Díaz, de Interior; el entonces secretario de Estado, Francisco Martínez Vázquez; Ignacio Cosido, exdirector general del CNP; Eugenio Pino, ex-DAO del ministerio del Interior y recientemente condenado por intentar aportar información obtenida ilegalmente con un pendrive a la causa de los Pujol, y Bonifacio Díez (Boni), inspector del CNP. Ahora la juez del juzgado de instrucción especializado 2 de Andorra, Stéphanie Garcia, ha aprobado comisiones rogatorias internacionales para que los siete designen abogados para que declaren como investigados. Paralelamente, la acusación de blanqueo de capitales a los titulares del BPA y del Banco Madrid no quedó en nada en el Estado español, mientras en Andorra se juzga, desde hace meses, a una treintena de directivos.
¿Porqué ha tardando tanto la juez de Andorra en responder sus peticiones, que ahora ha aceptado?
El derecho procesal andorrano es diferente al español, es más estilo francés. La juez está haciendo un buen trabajo. Recibe las peticiones y las resuelven cuando ella lo considera oportuno. Las comisiones rogatorias las aprobó el 20 mayo pasado y ahora nos las han notificado. En Andorra no hay procuradores, y cuando un juez tiene un grueso de resoluciones, desde el juzgado se llama a los abogados para que las recojan, y por eso nos hemos enterado ahora de las comisiones rogatorias.
¿Cuál es el origen de la querella?
El inicio es en agosto del 2016, cuando el señor Higini Cierco en su interrogatorio por la causa de supuesto blanqueo de capitales del banco BPA dice a la juez de instrucción que su causa nace porque han sido extorsionados por el inspector jefe de la policía española Celestino Barroso y el comisario Marcelino Martín-Blas (que se hacía llamar "Fèlix") el 2014, y que eso provocó el cierre de su banco, el BPA, un año después a raiz de la nota de teroso norteamericano. La juez, con buen criterio, hace una pieza separada, y la envía a un nuevo juzgado. Aquí el señor Cierco hace la primera querella contra Barroso y a Martín Blas. Nosotros, desde Catalunya tenemos conocimiento de este hecho, nos llama la atención y ya oíamos cosas extrañas del Estado español, de policía patriótica y Operación Catalunya, y es cuando desde Drets quieren saber qué pasa. Drets no puede actuar en el estado andorrano y buscamos una entidad afín, que es el Instituto de Drets Humnans de Andorra, firmamos un convenio de colaboración y nos ponemos en marcha. En enero del 2017 nos añadimos al procedimiento y damos un paso más y decimos al juez instructor inicial: "estos policías tienen unos jefes y le aportamos la estructura policial nacional, y que Eugenio Pino, que era entonces su director operativo, que ya sale en algunas causas en España. La secretaria del consejo de administración de BPA, Maria Roser Castellón, explica al juez que en el mismo momento que los señores Cierco y Joan Pau Miquel, CEO del BPA, son extorsionados ella recibe una llamada del antiguo agregado de la embajada española que era amigo suyo, el inspector del CNP Bonifacio Díez, "Boni" diciéndole lo mismo: 'Rosa, estas presiones que estáis recibiendo les tenéis que hacer caso porque van serio."
¿Y amplían los investigados?
Sí, le decimos al juez, no son dos jefes policiales sino 4 los implicados. E identificamos al juez quién es Bonifacio Díez. Después, en la causa entran Joan Pau Miquel, como perjudicado, y también la familia Pujol. Y empezamos esta singladura de ir investigando y aportando indicios a la causa. El juez envió tres comisiones rogatorias para interrogar Pino, Díez y Martin Blas. Se tramitan correctamente, Martin Blas declara en el 2018 desde España; De Pino cuando llega su citación a la Policía Nacional nos torea y dice que está jubilado pero no da su dirección particular, y de Díez, lo envían a México, vuelve a Madrid y en el trámite se nos dice que por su cargo tiene protección diplomática.
Las comisiones rogatorias, en principio, tienen que ir a los órganos judiciales donde viven los investigados. Por ejemplo, el de Fernández Díaz en un juzgado de instrucción de Barcelona. Y es probable que la jueza de Andorra venga al Estado español a tomarles declaración
¿Y las actuales comisiones rogatorias para que declaren Rajoy y miembros de su gobierno, quién las recibirá?
La jueza las envía al Ministerio de Justicia andorrano, el cual las remite al Ministerio de Exteriores, este lo enviará al Ministerio de Exteriores español, que lo derivará al de Justicia y este lo ha de enviar, en principio, a los órganos judiciales donde viven los investigados. Por ejemplo, el de Fernández Díaz en un juzgado de instrucción de Barcelona, y el de Rajoy, en un juzgado de Madrid. Es posible que la jueza venga al Estado español para las declaraciones. El procedimiento es que quien dirige el interrogatorio es un juez español y, en este caso la jueza andorrana estará a su lado por si hay que pedir alguna aclaración, además de las partes. Por eso, ha pedido que todos designen abogado para garantizar su derecho de defensa.
¿El Gobierno se podría oponer?
Jurídicamente no porque es una entrega de documentos donde no se valoran los delitos. Es una actuación entre órganos judiciales. Ninguno de los citados investigados tiene cargos públicos ni ninguna protección especial ahora. Hay muchas comisiones rogatorias entre España y Andorra.
¿Con qué pruebas o indicios piden la imputación de Rajoy y sus ministros?
El excomisario José Manuel Villarejo informó de que tenia pruebas de la Operación Catalunya en Andorra porque tuvo que hacer un trabajo de inteligencia como agente encubierto y que lo queria aportar.
¿Y qué aportó Villarejo?
Aporta a la causa diferentes notas de inteligencia en las cuales explica cómo había ido todo, e informes de contravigilancia de los encuentros de Joan Pau Miquel, del BPA, con el comisario Marcelino Martin-Blas.
¿Contravigilancia de compañeros de la policía patriótica? ¿Quién se lo encargó?
El CNI. De las reuniones en el hotel Villamanga de Madrid hay fotografías, donde se ven el señor Joan Pau Miquel con Martin-Blas. Aquello que sabíamos de palabra, ahora tenemos documentos. Además, Villarejo tiene informes de inteligencia en los cuales explica que todo eso era una operación política. Dice que en un primer momento a él se le encarga sacar información de Andbank, no de BPA.
Villarejo explica que él hizo contravigilancia en la Operación Catalunya y propuso investigar Andbank y que sus superiores le dijeron que este banco no, que fueran a BPA
¿Porque Andbank era el primero que tenía la cuenta de la familia Pujol, y les hizo marchar, según el sumario del caso?
No. Se sabía que todo el mundo que tenía una cuenta en Andorra era en Andbank y en la búsqueda de "los 4.000 catalanas" que decían que tenían cuenta, era en Andbank. Y por eso Villarejo en su informe apostó por ir a Andbank, pero sus superiores le dijeron que no, que se tenía que ir a BPA. Sus superiores le dijeron que Andbank no se podía tocar porque había gente importante. Y el juez, con buen criterio, citó a Villarejo a declarar. Lo tenían que operar y se aplazó la declaración, y entonces da la casualidad de que el 2 de noviembre de 2017, el gobierno catalán entra en la prisión, por orden de la Audiencia Nacional, y casualmente, el 3 de noviembre Villarejo, la persona que sabía muchas cosas, entra en la prisión también. Se hizo una comisión rogatoria dirigida al juzgado de vigilancia penitenciaría de la prisión d'Estremera y Villarejo contesta por escrito en el 2019 desde la prisión y es muy corta, pero deja claro que "los policías no pueden cerrar bancos", que detrás hay responsables políticos. Él dice que no hizo ninguna actuación en Andorra, sino a Catalunya.
Hay quien dice que la Operación Catalunya se destapa por una guerra entre comisarios: Villarejo frente Martin-Blas.
Puede ser cierto este enfrentamiento, sin embargo, nosotros recogemos pruebas, bien ahora son indicios. Y lo que tenemos que conseguir es que estos indicios sean pruebas. Queremos saber qué pasó.
¿Y los indicios contra Rajoy?
En la querella, detallamos la visita que Rajoy hizo a Andorra, en enero de 2015, donde nunca ningún presidente español había viajado oficialmente, y donde se le pregunta por el caso Pujol después de entrevistarse con el Jefe de Gobierno del principado de Andorra, Antoni Martí, y responde que no han hablado de personas. Hemos recogido declaraciones de unos y de otros, y que dos meses después de esta visita se cierra al BPA y su filial, el Banco Madrid. Y con estos datos, la querella inicial que era una extorsión de unos policías la ampliamos ya que consideramos que la nota del FinCen, el departamento antifraude del Tesoro de Estados Unidos sobre el BPA, está basada, según las informaciones que tenemos, presuntamente por una información falsa que le hicieron llegar desde el Gobierno para hacer intervenir la entidad desde las autoridades de Andorra, y provocar su cierre. Y al repasar que tiene el BPA vemos qué hay.
¿Qué hay en BPA?
Pues, el caso Gao Ping, el caso Petrov judicializados en el Estado español, los cuales operan con euros y, por lo tanto, no interesa a los americanos. Y otro causa de venezolanos, estos sí operan con dólares, pero es el mismo BPA quien alertó a la Batllia andorrana, que bloquea el dinero, y después dice que todo es correcto. Lo explicamos al juez y que queremos aclarar si cuando Rajoy y Montoro van a Andorra no sabemos si amenazaron o engañaron a los políticos andorranos sobre el banco BPA y la nota norteamericana. Aparte, en la Batllia hace meses que se inició el juicio del supuesto blanqueo de capitales de BPA, con 29 acusados. Todo se tiene que poner en contexto.
Casadevall, vicepresidente del TEDH y ahora abogado de los Cierco, ofreció hacer las paces al gobierno de Andorra porque el caso hace daño al país, y no han querido. Hemos pedido que el jefe de gobierno y los ministros d aclaren si fueron extorsionados o engañados por Rajoy
¿Sorprende que el gobierno andorrano no se haya pronunciado todavía?
Gobierna el mismo partido que el 2014, Democrates por Andorra. Xavier Espot, que ahora es el presidente de Andorra, entonces era el ministro de Justicia, con Antoni Martí de presidente. Y a finales de año tienen elecciones. Josep Casadevall, que había sido magistrado y vicepresidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), representa a los hermanos Cierco en la causa de la Operación Catalunya, y Casadevall, como buen jurista, intentó hacer las paces con el jefe de gobierno andorrano porque el procedimiento hace daño al país andorrano; ahora su imagen y soberanía está desprestigiada. Y desde el gobierno se le dijo: que la justicia trabaje.
¿Han pedido que declaren autoridades andorranas?
Sí y tanto. La jueza no lo ha resuelto todavía, sin embargo, es normal que primero cite a los investigados, que tengan abogado para que cuando se citen los testigos, estén presentes todas las partes para garantizar el derecho de defensa. Hemos pedido que declaren como testigos el entonces jefe de gobierno Antoni Martí y los ministros que estaban en aquella reunión con Rajoy y Montoro.
El drama de Andorra no se ha explicado lo suficiente. Hay como unos 500 pleitos por el cierre de BPA. Muchas familias tenían los ahorros para los estudios universitarios de los hijos, y se han arruinado. Por buscar unas cuentas, se ha hecho mucho daño
¿A quién defiende Drets y el Institut de Drets Humans de Andorra en esta causa de la Operación Catalunya en Andorra?
Drets y el Institut de Drets Humans de Andorra defendemos la soberanía de Andorra. Toda esta operación ha afectado mucho a la imagen de Andorra, de la banca andorrana, a Ramon e Higini Cierco y directivos de BPA. También a muchas familias que trabajaban al banco, y de las que tenían ahorros en el banco por los estudios universitarios de los hijos. Por ir a buscar unas cuentas, el gobierno de Rajoy ha afectado a muchas familias, quie se han arruinado. El drama andorrano no se ha explicado lo suficiente. Hay muchos casos BPA, muchas reclamaciones, unos 500 pleitos. Siete años después, el drama continúa. El daño que se ha hecho por perseguir unas cuentas en Andorra es muy grande y la soberanía de Andorra ha sido cuestionada.
¿Y si, finalmente, hay indicios delictivos contra Rajoy y su equipo, Andorra tendría que pedir una orden de extradición para juzgarlos?
Sí, si no quisieran ir a Andorra para ser juzgados.
¿Y la fiscalía andorrana, qué dice?
Está comparecida, pero con perfil bajo. Recordemos que la fiscalía es acusación en la causa contra el BPA y acusa a los 29 directivos por blanqueo de capitales.
¿Usted que ha sido magistrado suplente en la Audiencia de Girona, cómo valora que hasta ahora en el Estado español no se pueda investigar la Operación Catalunya?
Bien, hay que diferenciar a los jueces de base y de trinchera de las altas instancias. En las audiencias también se han hecho buenas resoluciones. Por ejemplo, la Audiencia de Girona, hace poco ha dictado una resolución sobre la protesta de Tsunami a la AP-7 a Salt, que es brillante y dice verdades como puños. Es cierto, que cuando han aparecido papeles o documentos que pone 'Operación Catalunya', ha habido jueces de la Audiencia Nacional que ellos mismos han dicho que es secreto de Estado, lo espurgan, y piden que el Consejo de Ministros declare que son secreto de Estado y de forma urgente. Es insólito. Es cierto, que la Operación Catalunya se investiga en Andorra, pero a ver qué encontraremos. Nosotros estamos poniendo muchas horas y hacemos una valoración de los hechos, las defensas ahora harán otra, y el juez, decidirá.
La Audiencia Nacional declaró que las notas de Villarejo eran oficiales para no valorar la Operación Catalunya, pero al mismo tiempo ha sido una prueba clave para la causa de Andorra.
Sí llevan un buen enredo. Se lo hemos explicado a la jueza. También le hemos aportado todas las declaraciones de la comisión Kitchen en el Congreso español. El señor Rajoy cuando fue le preguntaron por Andorra. El diputado de Junts Josep Pagés le preguntó si sabía que estaba querellado en Andorra y Rajoy contestó: ¿Como? Pero después le dijo: ¿"Usted cree que yo subiría a Andorra para amenazar a un gobierno con luces y taquígrafos"? Por lo tanto, sí que se había leído la querella. También cuándo se pregunta a Fernández Díaz por el caso BPA, y él responde: ¿"Qué es BPA"? Cuando él con el exdirector de Antifraude, Daniel de Alfonso, le dice: ¿"Y los Cierco cómo están"? Con eso, hemos hecho un trabajo de hormiguita y le hemos aportado todo a la jueza. Y la jueza, que ahora se considera ilustrada, los cita como investigados y en igualdad de armas.
¿Se llegará ir a juicio?
No lo sé. Aparte, de la parte jurídica, hay una deriva diplomática. Estamos acusando a un expresidente español de todo eso y una justicia andorrana que está investigando. En medio hay un tratado de buena vecindad firmada entre el Reino de España, el principado de Andorra, y el presidente de la República francesa.
¿Y qué quiere decir? ¿se querrá parar el caso judicial?
No, no que se hablará de qué está pasando aquí. Hasta ahora, nosotros hemos trabajado con discreción, y con la aprobación de las comisiones rogatorias, ahora la presidenta del Institut de Drets Humans de Andorra, Elisa Muxella, ha recibido llamadas de diferentes medios de prensa francesa para que explique el procedimiento y qué ha pasado.
Drets y el Institut acusan al presidente Rajoy del delito coacciones sobre órganos constitucionales. ¿Hay algún precedente o sentencia con este delito?
No, no se ha aplicado nunca. Es la primera vez que se acusa por este delito. Por eso, como este delito puede llegar hasta los 10 años de prisión, el caso de Operación Catalunya se derivó a una jueza especializada, que en España sería como ir a la Audiencia Nacional. El delito dice para intimidar y habrá que ver cómo se hace esta interpretación. Primero de todo tenemos que aclarar qué pasó. La autoridad andorrana puede decir: "a mí no me intimidaron, me enredaron" y entonces sería otro delito, el de estafa, aparte de la falsedad documental y las coacciones.
Las autoridades de Andorra se creyeron a España porque pensaban que les estaba ayudando para lograr su tratado con la UE. Pero España hizo de España y les dejó tirados
¿Y porque Andorra hizo caso al Gobierno español?
Hay que poner en contexto que entonces Andorra buscaba un buen tratado con la Unión Europea y quizás las autoridades pensaron que el que les decía Rajoy era consejos para conseguirlo. Al final no obtuvo este tratado y ahora lo intenta hacer junto con Mónaco y Sant Merino, que es lo que toca. La presidenta del IDHA lo dijo claro en TV3: "Si hubiéramos sido Suiza, esto no hubiera pasado." Andorra es un país pequeño y se aprovecharon de él, que tenía la ilusión de conseguir un buen acuerdo con la UE, pero España hizo de España y los dejó tirados con lo del tratado.
