El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha puesto en marcha los trámites para cerrar el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) y confía en que esté disuelto antes de las elecciones del 21 de diciembre.
La supresión del patronato de Diplocat fue una de las primeras medidas que tomó el gobierno español con la aplicación del artículo 155 de la Constitución, junto al cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior —dejó abierta la oficina de Bruselas, pero cesó al delegado, Amadeu Altafaj—.
Tras el encarcelamiento del conseller Raül Romeva, junto con el resto del Govern, el siguiente en el escalafón es el secretario general, Aleix Villatoro, que es ahora el interlocutor de Juan Fernández Trigo, el diplomático que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado a Catalunya para coordinar el control de la Conselleria y evaluar la situación sobre el terreno.
El Ministerio ha cerrado ya las oficinas que eran totalmente políticas —las situadas en Roma, Ginebra, Viena y Lisboa— y cesado a los que ostentaban contratos de alta dirección.
Eso sí, la intención de Exteriores es llevar a cabo una intervención mínima y mantener las actividades de acción exterior emprendidas por la Generalitat en el marco de sus competencias, igual que hacen todas las comunidades autónomas.