Una de las consecuencias inmediatas de la sentencia del procés será el debate sobre la reactivación de la euroorden. Tanto en medios judiciales como entre los abogados de los exiliados, se da por descontado que el juez instructor de la causa Pablo Llarena tendrá que intentar una tercera orden europea de detención, en este caso, con el aval de una condena del tribunal contra el resto de encausados por el juicio del procés. Será la tercera vez que se activa.

Los políticos en el exilio que se verían afectados por la euroorden serían el president en el exilio, Carles Puigdemont, que se encuentra en Waterloo, los consellers Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret, que están también en Bélgica, y la consellera Clara Ponsatí, que vive en Escocia. También se encuentra en el mismo proceso la secretaria general de ERC, Marta Rovira, pero ella reside en Ginebra, por lo cual queda fuera del ámbito de la euroorden.

Los políticos en el exilio son conscientes del escenario que abre una sentencia condenatoria. "Desde que se retiró la segunda euroorden sabíamos que se activaría la tercera. Estamos preparados", aseguraba este martes el mismo Puigdemont desde el Parlamento europeo.

Es el fiscal quien ha de solicitar la activación de la euroorden, pero la última palabra le corresponde al juez. Existe un elemento que podría dilatar la decisión. Mientras se celebraba el proceso judicial, tanto Oriol Junqueras, como Carles Puigdemont y Toni Comín, han adquirido la condición de diputados electos del Parlamento Europeo. No han podido, sin embargo, tomar posesión del escaño, lo cual ha abierto un debate sobre si han adquirido o no la inmunidad como eurodiputados. Precisamente este lunes el Tribunal de Justicia de la UE había programado la vista sobre la cuentión prejudicial en relación a la inmunidad de Junqueras.

Primera euroorden

La primera euroodre la emitió la jueza del Audiencia Nacional Carmen Lamela el 3 de noviembre del 2017. Entonces, Puigdemont y los consellers se entregaron a la justicia belga, que los dejó en libertad con medidas cautelares.

El 5 de diciembre del 2017, con el caso ya en manos del Supremo, Llarena decidió retirar las euroórdenes para evitar que Bélgica decidiera por qué delitos tendrían que ser extraditados y juzgados los políticos independentistas que se encontraban en su territorio. El juez mantuvo, sin embargo, la orden de detención en el Estado español, por lo cual, los presos seguían sin poder volver a cruzar la frontera.

El 23 de marzo del 2018, una vez acabada la primera fase de instrucción del procés contra los líderes soberanistas, Llarena reactivó la euroorden contra Puigdemont, los consellers y también contra Marta Rovira. Era la segunda. Tres días más tarde, el 26 de marzo, Puigdemont era detenido en Alemania cuando volvía a Bélgica desde Dinamarca.

El 16 de mayo la justicia belga comunicaba que no aceptaba extraditar a Serret, Comín y Puig, argumentando un defecto de forma de la euroorden.

El 12 de julio de 2018, fue el tribunal de Schleswig-Holstein quien decidió que aceptaba extraditar a Puigdemont pero solo por el delito de malversación, y no por rebelión ni sedición, tal como pedía Llarena. Es decir, que Puigdemont no podría ser juzgado por ninguno de estos delitos, que son los que comportan las penas más graves. El tribunal argumentó que los delitos que planteaba España no encajan con el delito alemán de alta traición, porque nunca ha habido violencia.

Una semana más tarde el juez rechazó la extradición solo por malversación. Llarena argumentó, en un auto repleto de reproches, que el tribunal de Schleswig-Holstein se había extralimitado y había minado su capacidad como instructor, pero argumentó que prefería conservar su capacidad para juzgar a Puigdemont por todos los delitos que se le atribuían. En el mismo acto, Llarena dejó sin efecto las euroorden contra todos los políticos independentistas.