Los eurodiputados Josep-Maria Terricabras, Jordi Solé (ERC) y Ramon Tremosa (PDeCAT) han insistido a la Comisión Europea (CE) que hay que investigar el cierre de más de 140 páginas web antes del referéndum del 1-O a través de una carta que han enviado al vicepresidente de la institución y comisario del Mercado Digital Único, Andrus Ansip, y a la comisaria de Economía Digital y Sociedad, Mariya Gabriel.

En la carta, los tres eurodiputados invitan a la Comisión a revisar las "posibles infracciones" del marco europeo de telecomunicaciones. Es la segunda vez que interpelan por carta a la CE, y precisamente hoy Ansip les ha contestado a la primera petición, que hicieron el 24 de septiembre. Les ha dicho que "no hay motivos" para que la autoridad europea intervenga en este asunto.

Los diputados lamentan que la respuesta haya superado "sobradamente" el plazo máximo de seis semanas para responder, cosa que, añaden, representa una "violación" del artículo 130 del Reglamento de Procedimientos. También deploran la "naturaleza imprecisa de la respuesta".

Además, recuerdan que el informe del Media Pluralism Monitor (MPM) del 2017, financiado por la UE, recoge el cierre de los web, incluidos los de las organizaciones civiles y los partidos independentistas. El informe también se refiere al hecho de que se han denunciado varios casos de procedimientos disciplinarios iniciados contra periodistas en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, que "introduce un amplio catálogo de medidas y sanciones administrativas que amenazan el ejercicio de la libertad de expresión y en particular del derecho a la información".

La respuesta que han recibido de los dos responsables de la CE también indica que un número "significativo" de aquellas webs ya no están bloqueadas. Y los tres eurodiputados se preguntan si cuando estaban bloqueadas la medida era legal. "Parece que, según la opinión de la CE, la violación de una directiva europea podría justificarse por su aspecto temporal. Además, las órdenes judiciales que desencadenan el bloqueo de sitios web a través de la acción policial no eximen la posible infracción de una directiva europea, así como los derechos de la libertad de expresión y el derecho a la información", apuntan.