Hasta 34 eurodiputados, de varios países, han denunciado en la Comisión Europea (CE) que la libertad de expresión en el estado español se encuentra "bajo amenaza". La sentencia de condena de tres años y medio de prisión para el rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como 'Valtonyc', la censura de una obra de arte sobre los presos políticos en la feria ARCO de Madrid, o también el secuestro por parte de un tribunal de Madrid del libro sobre el narcotráfico en Galicia, Fariña, han motivado que esta treintena de eurodiputados hayan decidido llevar estos casos a la CE.

Los diputados expresan su preocupación por estos hechos, que consideran vulneraciones de la libertad de expresión.

Por este motivo, han firmado una pregunta escrita en la Comisión Europea (CE) en que se le pide si cree que la Ley 4/2015, denominada Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, y conocida como Ley Mordaza, y el Código Penal español, no están en contradicción con los artículos 11 ("toda persona tiene derecho a la libertad de expresión") y 12 ("derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en todos los niveles") de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Asimismo, también recuerdan que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos dictaminó contra el artículo 490 del Código Penal español, que protege determinadas instituciones contra la ofensa pública, porque considera que estas disposiciones no están alineadas con el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Todavía hoy, estos artículos permanecen sin modificaciones y han sido la base jurídica de estas sentencias recientes.

Los diputados expresan su preocupación por estos hechos, que consideran vulneraciones de la libertad de expresión.

Los impulsores de la iniciativa han sido Josep-Maria Terricabras y Jordi Solé (ERC), que han contado con el apoyo de Ernest Urtasun (ICV) y Ramon Tremosa (PDECat) y de una treinta eurodiputados más de los Verdes y de la Izquierda Unitaria.

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