La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al informe sobre la reforma de la euroorden que propone que las ofensas contra la integridad constitucional de un Estado miembro entren dentro de los delitos por los cuales se pasa a un proceso de extradición automática.

El informe plantea así añadir los "crímenes contra la integridad constitucional de un Estado miembro que involucren el uso de la violencia" en la lista de los 32 delitos que actualmente garantizan la entrega automática de la persona reclamada al Estado que emite la euroorden.

La elaboración del informe ha venido motivada, al menos en parte, por el caso del president en el exilio, Carles Puigdemont, y el resto de exiliados. Así lo reconoció el mismo responsable del texto, el eurodiputado popular Javier Zarzalejos, quien calificó el caso del presidente catalán "de aplicación deficiente" de la norma y "de impunidad". Sin embargo, el informe recoge principalmente cuestiones técnicas y no entra a valorar casos concretos en los que el ponente haya detectado problemas en la ejecución.

El texto subraya también que se tendría que valorar incluir otro tipo de delitos entre aquellos que garantizarían la entrega inmediata, como los crímenes ambientales, ciertas formas de evasión fiscal, abusos sexuales, violencia de género, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

La propuesta también plantea que las euroórdenes emitidas por un Estado miembro "sean reconocidas y ejecutadas directamente por otro Estado miembro, excepto en determinados casos muy específicos", así como un país que rechace una petición de esta naturaleza tenga que presentar "argumentos objetivos y factuales" para justificar su decisión.

El texto ha salido adelante en comisión parlamentaria con 45 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones, entre ellas la del diputado del ultraderechista Vox Jorge Buxadé, que considera que se han incluido "varias condiciones ideológicas inaceptables que destruyen el sentido de este instrumento".

En la actualidad la legislación contempla 32 causas por las cuales se puede extraditar automáticamente un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro e incluir nuevos delitos en esta lista requeriría una propuesta de reforma por parte de la Comisión Europea.

¿Y ahora, qué?

Una vez aprobado el informe, Zarzalejos lo remitirá al ejecutivo comunitario, es decir, la Comisión Europea, que puede optar por proponer o no la reforma que le solicitan los diputados. "El objetivo último es mejorar este instrumento clave de cooperación judicial entre los países de la UE para evitar que los responsables de delitos graves puedan evitar la acción de la justicia trasladándose a otro estado miembro de la Unión", ha indicado el popular en un comunicado.