Solo un 40% de los productos de marca propia de los supermercados que hay en Catalunya están etiquetados en catalán. Así lo revela un estudio de Plataforma per la Llengua, que pone de relieve que los establecimientos que respetan totalmente el Código de consumo de Catalunya son Casa Ametller, La Sirena y Condis, seguidos de Bon Preu y Eroski, que tienen casi todos sus productos de marca blanca etiquetados en catalán.

Según la entidad, las normas que imponen el castellano en el etiquetado en productos no alimenticios se cumplen un 82,4%, mientras que las del catalán solo se siguen en un 32,4% de las veces. El capítulo VIII del Código de consumo, que habla de derechos lingüísticos, establece en su punto 1 que "las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho, de acuerdo con lo que establecen el Estatuto de autonomía y la legislación aplicable en materia lingüística, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan".

Y no solo eso. El punto 2 añade que los consumidores tienen derecho a recibir en catalán las siguientes informaciones:

  1. Las invitaciones a comprar, la información de carácter fijo, la documentación contractual, los presupuestos, los resguardos de depósito, las facturas y los otros documentos que hagan referencia o que deriven de ello.
  2. Las informaciones necesarias para el consumo, el uso y el manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo a la Ley 22/2010 77 con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad.
  3. Los contratos de adhesión, los contratos con cláusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentación que haga referencia o que derive de la realización de alguno de estos contratos.

De hecho, todavía hay un artículo más que trata esta cuestión, el 242.3, que establece que "si el medio utilizado para informar es el documental, el escrito que se entregue al comprador o compradora tiene que estar a disposición inmediata de los consumidores en catalán y castellano".

 

El estudio realizado por Plataforma per la Llengua se basa en el análisis del 50% de productos no alimenticios y el 50% de productos alimenticios de establecimientos de Barcelona y alrededores, del Vallès, de Girona y de Tarragona, y lo han elaborado estudiando a los supermercados que en 2016 tuvieron grupos de distribución de más de un 0,5% de cuota de superficie, que al mismo tiempo representaban el 95,74% de la superficie total de los establecimientos minoristas.

Una de las conclusiones que se extrae es que, aunque el etiquetado solo es obligatorio en los productos no alimenticios, solo están etiquetados el 32,4%, mientras que de los alimenticios lo están el 40%. Todo siempre hablando de productos de marca propia.

La razón principal por la cual la entidad cree que se etiquetan más productos alimenticios que los que no lo son es porque "el uso de la lengua se percibe como un elemento de calidad o proximidad" y, según su opinión, eso ayuda a "generar un vínculo afectivo más fuerte que otros tipos de productos y los vendedores intentan hacerlos próximos al consumidor".

Los que se saltan la ley

Ahora bien, aunque hay unos cuantos establecimientos que cumplen la ley, Plataforma per la Llengua subraya que hay otros que "muestran una falta de respeto absoluta para los hablantes de catalán y la legislación que los protege". Los supermercados señalados por la entidad son Mercadona, Carrefour, Alcampo, Dia, Lidl, El Corte Inglés, Aldi, Dusa y Facsa, que no tienen casi ningún producto etiquetado en catalán.

Hay otros como Sorli Discau, Suma y Consum que cumplen parcialmente la ley. Eso sí, como el estudio fue realizado entre octubre y noviembre de 2017, no pudieron tener en cuenta la novedad de los supermercados Consum, que desde hace un mes han optado por eliminar el catalán de su etiquetado.

Llegados a este punto, la también llamada ONG del catalán señala que uno de los problemas que podrían tener las empresas que no cumplen con la normativa del catalán podría ser por miedo a sufrir un boicot. Precisamente por ello, se lamentan de que ven "intolerable" el hecho de que estas cadenas de supermercados "vulneren los derechos de los catalanohablantes en el territorio donde el catalán es la lengua propia para contentar las actitudes intolerantes y xenófobas de una parte de la población española".

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