El caso de la diputada popular Noelia Núñez, que ha dimitido después de salir a la luz que había mentido en su currículum, ha sentado un precedente en el panorama político. Nunca un político había dimitido por mentir en su currículum y hay muchos más casos, tanto de diputados de la derecha como de la izquierda. El ministro de Transportes, Óscar Puente, puso la semilla de la duda sobre la formación académica de Núñez, quien era una de las promesas del PP de Feijóo. Después de los rumores, Núñez tuvo que salir a dar explicaciones y reconoció que había mentido sin mala intención sobre sus títulos: "Mi carrera política ha ocupado mi tiempo y esfuerzo. Pediré inmediatamente que se cambie la información errónea sobre mis estudios". El último caso ha sido el de esta diputada popular, pero no es la única que ha mentido sobre sus estudios.

Las mentiras de los políticos

Los casos sobre mentiras en los currículums de los políticos son abundantes. En 2018, Carmen Montón (PSOE), dimitió como ministra de Sanidad solo tres meses después de tomar posesión del cargo. La prensa destapó irregularidades en un máster de Estudios de Género que había cursado en la Universidad Rey Juan Carlos. Fue acusada de plagio en el trabajo final, notas modificadas y de asistencia nula a las clases. La universidad inició una investigación interna, a pesar de que, después, el juez archivó el caso por falta de pruebas penales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también fue acusado de haber plagiado su tesis. El diario ABC reveló que en la tesis de Sánchez —por la cual consiguió una nota de excelente cum laude— había párrafos copiados y varias irregularidades. Tanto Sánchez como la Moncloa siempre lo negaron, y el Supremo rechazó su imputación porque no detectó "infracción penal". Además, durante varias legislaturas Sánchez indicó que tenía un "máster en Liderazgo Público por el IESE" cuando realmente se trataba de un programa de liderazgo. En 2019 fue corregido del portal del Congreso.

Tomás Burgos (PP), el exsecretario de Estado de la Seguridad Social, vio cómo se puso en duda su licenciatura en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid, cuando en realidad era una breve formación y cursos menores, dentro y fuera de la Universidad. En diciembre de 2011, se modificó oficialmente su información académica, mientras estaba en el cargo. Otro de los casos más chalados de los últimos años fue el de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), que la llevó a la dimisión. En 2018, cuando hacía 3 años que estaba en el cargo, la prensa destapó que había aprobado un máster en la Universidad Rey Juan Carlos I con notas falsas. La Fiscalía le pedía una condena de tres años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial. Finalmente, el caso también se archivó. Otro caso relacionado con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos I fue el del exlíder del PP, Pablo Casado, que fue acusado de haber obtenido el título de Derecho Económico, un curso del cual se convalidó 18 de las 22 asignaturas y no asistió a clase, aunque el programa era presencial. La jueza consideró que había sido "un regalo académico" por su condición de diputado. Finalmente, el Tribunal Supremo consideró que no había bastantes pruebas para abrir causa penal.

Títulos bajo sospecha

Después del caso de Noelia Núñez y las críticas del PSOE, los populares han aprovechado para cargar también contra su adversario político por los mismos motivos. Y es que han puesto en duda los currículums de varios miembros del Gobierno actual y del PSOE. Uno de los señalados es Patxi López, que según consta estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco, aunque abandonó el grado solo empezar por su carrera política. Según los populares, el término "estudiar" conduce a error y parece que haya acabado la carrera. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, señala que ha hecho un máster en Dirección Política por la Fundación Jaime Vera, aunque esta titulación no es un máster, sino un curso vinculado al mismo Partido Socialista. Desde el PP también hacen referencia a la delegada del Gobierno en València, Pilar Bernabé, que según consta en la página web del PSOE aparecía que era licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual. No obstante, en el Portal de Transparencia del Gobierno se indicaba que había iniciado los estudios, pero no que los hubiera acabado. Tampoco se libra la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que aseguraba que era doctora especializada en ciencias económicas por la Universidad de Roma, aunque, durante estos años, la universidad no ofrecía estos estudios. En 2019 se corrigió después de que una investigación demostrara que tenía una licenciatura.

Si la mirada se fija en los diputados populares, también hay varios señalados. La actual presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mintió sobre el Doctorado en Periodismo que cursó en 2011-2012, a tiempo completo, según su expediente académico. Durante su nombramiento como "alumna ilustre" de la Universidad Complutense en 2023, Ayuso afirmó que no completó la tesis porque trabajaba como becaria para pagar una habitación, a pesar de que después informes revelaron que entre 2008 y 2011 percibía un salario de más de 4.200 € netos mensuales en Madrid Network. El caso más sorprendente del PP es el de Juanma Moreno, que en 2000 se presentó como licenciado en Dirección y Administración de Empresas, aunque en la siguiente legislatura ya pasó de "licenciado" a "estudios en". Pero su CV todavía ha sufrido más cambios, en 2008 ya no se hace referencia a la administración de empresas y actualmente solo consta que está "graduado en Protocolo y Organización de Acontecimientos y Máster Oficial en Dirección de Protocolo, Producción, Organización y Diseño de Acontecimientos por la Universidad Camilo José Cela". Por último, y uno de los grandes perseguidos desde hace meses por el PSOE, el presidente del País Valencià, Carlos Mazón, que según su biografía está licenciado en Derecho, aunque nunca ha ejercido y tampoco está colegido. Por eso, el PSOE valenciano ha pedido un requerimiento ante el Consejo General de la Abogacía para que confirme que no está colegiado y espera que eso sirva para provocar su dimisión.