El cantautor Lluís Llach ha remarcado la actuación decidida de la Fiscalía, que depende del ministerio de Justicia, después de que ha pedido 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, actual diputado de ERC y presidente del consell nacional de Esquerra, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia. Todo ello, lo más alejado a una desescalada del conflicto. "Ellos sí van a por todas. Sin dudas ni rodeos", ha indicado Llach.

Con estas peticiones de castigo, la Fiscalía Superior de Catalunya, mantiene el criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado de que los gastos del Referéndum del 1-O tienen que ser calificados de malversación agravada (castigada con un máximo de 8 años de prisión) -con ánimo de lucro porque el dinero se utiliza por un beneficio particular (1-O)- y no de malversación atenuada (hasta un máximo de 4 años de prisión), incluida en la reforma del Código Penal pactada de ERC y el PSOE y pensada para suavizar las penas que tienen que afrontar los excargos de ERC y de Junts en el TSJC y en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.

En el escrito de acusación, el teniente fiscal Pedro Ariche les ha retirado la acusación por el delito de revelación de secretos (castigado hasta 5 años de prisión), que hubiera incrementado más la petición de prisión. Además, reclama que Jové y Salvadó devuelvan al erario público 754.920 euros por los gastos de un programa de homogeneización de la Hacienda catalana, con la que sostiene que querían impulsar una estructura de Estado. De los gastos del 1-O no les reclama nada, aunque la magistrada instructora exigió más de 2 millones de euros, depositados por aportaciones de voluntarios.

Después de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox tendrán que presentar sus escritos de acusación, y finalmente las tres defensas se posicionarán. El tribunal para juzgar los tres cargos de ERC está formado por los magistrados Jesús María Barrientos, Carlos Ramos y Fernando Lacaba, y será el encargado de fijar la fecha del juicio de los republicanos. La Fiscalía acusa a Jové por su actuación como secretario general del Departament de Vicepresidència i Economia; a Salvadó, como secretario de Hisenda, y Garriga, como directora de servicios del mismo departament. Los tres estaban bajo la dirección del entonces vicepresident Oriol Junqueras.