El Estado ha aprovechado el artículo 155 para imponer una normativa discriminatoria en relación al catalán para ser becario del sector agroalimentario en Catalunya. Así lo ha denunciado Plataforma per la Lengua, que ha señalado que se han aprobado 31 normativas que han representado "una cascada de imposiciones" del castellano en Catalunya, expone la organización en su informe trimestral.
Una de las normas aprobadas por el gobierno español hace referencia a las exigencias para obtener ayudas públicas para, por ejemplo, obtener una beca de prácticas para trabajar en el sector agroalimentario. Entre los requisitos se puede ver que se valora positivamente conocer alguna de las lenguas oficiales de la UE. Algunas lenguas con menos hablantes que el catalán, como el esloveno o el maltés, son oficiales y por lo tanto se tienen en cuenta, mientras que la lengua propia de Catalunya queda excluida.
Plataforma per la Llengua también denuncia otras 26 normas que exigen el castellano en la documentación: dos establecen el castellano como un requisito obligatorio, una lo impone en el etiquetado y otra lo exige en el mundo de la enseñanza. De las 31 normas detectadas, 18 son de origen estrictamente estatal, mientras que 13 fueron aprobadas por el Parlamento Europeo o la Comisión Europea.