El Gobierno ha abonado 1,6 millones de euros a familias que durante cuatro cursos optaron por la educación privada en castellano en Catalunya y el País Valencià, un sistema que fue declarado nulo en febrero de 2018. 

Así, el Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Educación, dos acuerdos por los que se declara la existencia de responsabilidad patrimonial del Estado respecto de los gastos de escolarización en castellano en centros privados en comunidades autónomas con lengua cooficial, declarados inconstitucionales en febrero de 2018 y en marzo de ese mismo año.

Uno de los acuerdos aprobados este viernes compensa a las familias de los gastos ocasionados por la escolarización en castellano en centros privados de un total de 171 estudiantes del curso 2017/2018 en Catalunya (lo que supone un 0,021% de los alumnos escolarizados en dicha comunidad autónoma), con un coste de 810.111 euros.

Asimismo, el segundo de los acuerdos acredita lo abonado ya por el Gobierno a las familias en relación a los gastos ocasionados por el mismo motivo de 172 estudiantes, cinco del País Valencià y 167 de Catalunya, correspondiente a los cursos 2014/2015, 2015/2016 y 2016/2017, y que asciende a un total de 861.537 euros.

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