España es el estado de la Unión Europea que acumula más procedimientos de infracción para aplicar de forma tardía o invertir incorrectamente la legislación europea. Así lo indica la Comisión Europea en un informe que revela que en diciembre del 2018 el Estado tenía casi un centenar de procesos abiertos.
De los 97 procedimientos de infracción pendientes, 27 fueron iniciados el mismo 2018, mientras que el resto empezaron antes y todavía no se han cerrado. La mayoría de los procedimientos incoados tienen que ver con la mala aplicación o la aplicación tardía de reglas sobre el mercado interior de la UE y las PYMES, el medio ambiente y la movilidad.
Como consecuencia de los incumplimientos reiterados, el año pasado la Comisión Europa llevó España delante del TJUE y solicitó la imposición de sanciones económicas por tres asuntos.