El ministro español de Asuntos exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha enviado una carta a los embajadores de los 27 estados miembros de la Unión Europea (UE) junto con un documento donde incluye nuevos argumentos para convencerlos de aprobar la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE, cuestión que se volverá a poner sobre la mesa en la reunión del Consejo de Asuntos Generales del próximo martes. Según ha informado elDiario.es, en este documento, Albares defiende la importancia de la "diversidad lingüística" en España y cómo las lenguas cooficiales son claves en la "identidad nacional" española. Así, destaca que el catalán, el euskera y el gallego son lenguas con "raíces históricas profundas" que cuentan con un gran número de hablantes y que tienen reconocida la oficialidad en la Constitución. En este sentido, el Gobierno apunta que son lenguas que se utilizan de forma cotidiana, en las Cortes Generales, en la administración y en los ámbitos sociales. "Se utilizan para enseñar en las escuelas y universidades y tienen su reflejo en los medios de comunicación, el cine y la producción cultural", añade.
El Gobierno argumenta que los poderes públicos están obligados por el marco legal y la Constitución a proteger los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, y en este sentido, señala que esta obligación es extensiva a la Unión Europea. Por otra parte, informa de que se ha depositado en los archivos del Consejo una copia certificada de los Tratados de la UE traducidos al catalán, euskera y gallego, y recuerda el compromiso de España de asumir los costes del uso de las tres lenguas a las instituciones comunitarias, unos gastos que la Comisión Europea cifró en 132 millones de euros al año.
Nueva reunión de los ministros de Asuntos Europeos
La oficialidad del catalán no se ha vuelto a abordar desde que España cedió la presidencia del Consejo de la UE a Bélgica el pasado 31 de diciembre. Desde entonces, las discusiones se han mantenido en el ámbito técnico, para intentar resolver las dudas legales, financieras y políticas que varios países, sobre todo los del este de Europa, mantienen sobre esta cuestión. Aunque el próximo martes 19 de marzo no se producirá ninguna votación, la reunión servirá para valorar si la propuesta, que requiere el apoyo unánime de los 27 estados miembros, está más cerca de prosperar, o si todavía hay que convencer a algunos de los países. Bélgica ostentará la presidencia hasta finales de junio, y después la traspasará a Hungría.