El Gobierno ha advertido que no aceptará la incorporación de nuevas lenguas oficiales a la Unión Europea vinculada a la entrada de futuros estados miembros si antes no se aprueba la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. "No es posible para España aceptar nuevas lenguas oficiales si antes no se ha aprobado la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego", han señalado fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. El ejecutivo ha pedido incluir la cuestión de las "lenguas oficiales y ampliación" en el próximo Consejo de Asuntos Generales.
España solicitó formalmente en agosto de 2023 que las tres lenguas fueran reconocidas como oficiales de la UE, a raíz del acuerdo con Junts para obtener su apoyo en la nueva legislatura. La reforma necesita la unanimidad de los Veintisiete, un consenso que hasta ahora no se ha conseguido. El Gobierno ha reiterado que este objetivo es una prioridad y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido que la aprobación acabará llegando.
Apoyo a la ampliación, pero con la cuestión lingüística pendiente
Exteriores subraya que "España da un apoyo firme al proceso de ampliación" y considera que "la incorporación de nuevas lenguas oficiales a la UE es un aspecto muy positivo dada la estrecha vinculación entre el reconocimiento de las lenguas y el sentimiento de pertenencia de la ciudadanía europea". El secretario de Estado para la UE, Sampedro, ya había vinculado esta semana las dos cuestiones, ya que la entrada de nuevos países comportaría también sumar nuevas lenguas oficiales a las 24 que tiene actualmente la Unión.
En este contexto, el ministerio considera que "urge avanzar en la reforma que permitirá que las lenguas oficiales españolas sean también lenguas oficiales de la UE". El Gobierno podrá volver a exponer su posición en la reunión del 22 de septiembre, aunque no se prevé un debate de fondo. Será la primera vez que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego vuelve a ponerse sobre la mesa desde julio de 2025, cuando la propuesta española encontró las reticencias de una decena de estados, con Alemania a la cabeza.
La unanimidad sigue siendo el principal obstáculo
Las principales reservas entre los socios europeos son de carácter jurídico y también afectan al posible precedente que podría crear la medida para que otras lenguas minoritarias de la UE reclamen el mismo estatus. Para intentar superar estos recelos, España se ha comprometido a asumir los costes adicionales, que la Comisión Europea calcula en unos 132 millones de euros anuales tomando como referencia el caso del gaélico, y ha planteado una aplicación parcial de la oficialidad para reducir su impacto.
La propuesta presentada a los socios europeos la primavera de 2025 prevé que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales parcialmente a partir de 2027 y que, inicialmente, solo se traduzcan los reglamentos del Consejo y del Parlament Europeu, que representaron un 3% de los actos jurídicos de la legislatura anterior. Ante las reservas sobre un posible precedente, el ejecutivo defiende que las tres lenguas ya tenían reconocimiento constitucional antes de la entrada de España en la UE, que se utilizan en el Congreso y en el Senado y que el Estado ya ha traducido los tratados europeos y una parte importante de la legislación comunitaria.