Esquerra Republicana sigue reivindicando la figura del president Lluís Companys, sentenciado a muerte por juicio sumarísimo y asesinado por el franquismo en 1940. En una proposición no de ley (PNL) a la que ha tenido acceso ElNacional.cat, los republicanos reclaman al Gobierno que expida de “forma inmediata” la “declaración de reconocimiento y reparación personal” de Companys, publique “la anulación de las sentencias en los respectivos expedientes judiciales” y realice un “acto formal de desagravio” hacia la figura de Companys que sea “extensible” al pueblo de Catalunya, “dado que Lluís Companys era su presidente escogido democráticamente”. En este sentido, quieren que se constituya “en el plazo más breve posible” un grupo de trabajo entre la Generalitat y el Gobierno que “acuerde los términos en que se llevará a cabo el acto solemne” de “desagravio” de la figura de Companys.
ERC reivindica que su asesinato “tiene una carga clara y explícita” que “hace falta resarcir, reconocer y reparar por parte de un estado que se dice ser una democracia llena” y pone de relieve la “significación histórica y simbólica” de la “persecución, sentencia y ejecución del único presidente electo por parte del fascismo en Europa y en toda la historia”. Desde las filas republicanas, confían que sus demandas salgan adelante en una votación que todavía no tiene fecha.
En la exposición de motivos de la iniciativa, consultada por este medio, el partido liderado en Madrid por Gabriel Rufián recuerda que, a raíz de la negociación parlamentaria con ERC y Bildu, la Ley de Memoria Democrática reconoce la “ilegalidad” del régimen franquista, el “derecho a una declaración personal de reconocimiento y reparación”, la “nulidad de las sentencias y órganos” y “la obligatoriedad” de hacerlas constar en los expedientes judiciales. Ahora, desde de ERC, subrayan que es “imprescindible llevar a término con urgencia la reparación de las víctimas” que establece la ley y advierten que “van desapareciendo los familiares directos” y que “la derecha española siempre ha obstaculizado la implementación de cualquier medida de memoria democrática”.
Justamente este miércoles, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado desde Barcelona que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la creación de una comisión de restauración para avanzar en la restitución de Lluís Companys y de Salvador Puig Antich. Esto se sumará a la declaración de “reparación”, “reconocimiento” y “restitución” de la dignidad de la figura de Companys y de condena del Consejo de Guerra sumarísimo que le condenó a muerte que aprobó el Gobierno en diciembre del 2018. Sin embargo, en ese caso no anuló el juicio.
ERC sigue abanderando la restitución de Lluís Companys
Los republicanos, que registraron la PNL ayer al mediodía, quieren que se debata y se vote en la Comisión Constitucional, en un nuevo intento de arrancar el compromiso del PSOE para seguir dando pasos adelante. Ahora bien, las peticiones de ERC no son nuevas. En octubre de 2022, por ejemplo, poco después de la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, ERC ya registró una moción para exigir que se expidieran los certificados de nulidad de las sentencias y las declaraciones de reconocimiento y reparación personal. Sin embargo, la iniciativa no se llegó a debatir ni a votar.
Además, en noviembre de 2023, el Departament de Justícia de la Generalitat solicitó formalmente la reparación personal del 123º president de la Generalitat, prevista en el artículo 5 de la Ley de Memoria Democrática. Semanas antes, en la ofrenda floral por el aniversario del asesinato de Companys, el actual president de la Generalitat, Pere Aragonès había exigido al Estado una declaración institucional que restaurara la figura de Companys.
🔎 La ley de memoria democrática española 2022: trampas y ambigüedad
El Gobierno tiene dos meses y medio para cumplir con otros compromisos contraídos con ERC
Durante esta legislatura, ERC ya había interpelado directamente al Gobierno en cuestiones de memoria democrática. Justo hace dos meses, los republicanos consiguieron aprobar una moción en el pleno a raíz de una enmienda pactada con el PSOE para poner deberes a la Moncloa. El texto final estipulaba que, antes de julio de 2024, el Gobierno tiene que elaborar tres informes: sobre “el estado del cumplimiento de la retirada o eliminación de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática”, sobre “la auditoría de bienes inmuebles expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la Dictadura a ateneos, cooperativas y entes asimilados” y sobre “los avances en el reconocimiento y reparación a las víctimas que hicieron trabajos forzados”.
Además, los republicanos también acordaron con los socialistas que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática tiene que presentar un “catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática” y tiene que informar sobre “el estado de la creación del Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura”.